El exministro de defensa aseguró que la vicepresidente busca una “mordaza legal” para impedir que hable de ella. “No conforme con la última decisión de la Justicia, ahora va por más”, escribió.
Otra vez hay tensión entre Luis Petri y Victoria Villarruel.
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LA El mendocino Luis Petri volvió a enfrentar públicamente a la vicepresidente Victoria Villarruel y aseguró que busca “prohibir” que haga declaraciones sobre ella. El diputado habló de una “mordaza legal” luego de que avanzara una nueva querella en su contra. “¡Siempre tan democrática…!”, escribió.
La polémica reapareció después de que la Justicia desestimara una primera denuncia impulsada por Villarruel contra Petri y los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. En ese fallo, el juez Sebastián Ramos concluyó que no existían delitos de acción pública. Sin embargo, Villarruel sigue insistiendo.
A través de una publicación en X, Petri cuestionó la nueva ofensiva judicial de la vicepresidenta. “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella!”, dijo Petri.
El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, dictaminó que los hechos denunciados hace un tiempo por la Vicepresidenta no configuraban delito y descartó la existencia de ilícitos de acción pública.
Ahora, la Vicepresidenta insiste con su demanda contra Petri y le impone la prohibición de hablar de ella públicamente, en lo que en la jerga judicial se conoce como “mordaza legal”.
El ex ministro de Defensa de Javier Milei había calificado a la titular del Senado como “funcional a la oposición”, por algunas decisiones que adoptó en el Congreso en la previa de la Asamblea Legislativa en el que el Presidente dejó abiertas las sesiones ordinarias el 1 de marzo último.
Petri y Villarruel venían manteniendo un fuerte intercambio de acusaciones a través de la red social X, en las que el primero calificó a esta última de “golpista”, aunque la Justicia federal consideró luego que esto no reúne los requisitos necesarios para ser considerado un delito.
El juez Ramos convalidó así el dictamen del fiscal Ramiro González, quien había argumentado que las manifestaciones de Petri se inscribían en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.
