La abogada que representa a la expareja de Marcelo D'Agostino rechazó la denuncia que presentó el exfuncionario de Alfredo Cornejo.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, fue imputado por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.
Foto:
Prensa Gobierno La semana pasada la defensa del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, arremetió con una denuncia paralela por supuesta extorsión, denuncia falsa y falso testimonio contra su expareja. La querella rechazó el escrito ante la fiscal Valeria Bottini y sostuvo que se trata de un "hostigamiento procesal" y una forma de "violencia institucional" más del imputado.
La presentación, firmada por la abogada querellante María Elena Quintero el viernes pasado, sostiene que el planteo de la defensa constituye un acto de “hostigamiento procesal” y una forma de “violencia institucional”, al considerar que busca "desacreditar" y "disciplinar" a la mujer mediante una estrategia de inversión de roles.
Los abogados defensores Eduardo De Oro, Sofía Sosa Arditi y Daniel Sosa Arditi afirmaron, a través del escrito elevado el jueves pasado ante la fiscal, que la denunciante habría intentado extorsionar al exfuncionario de Alfredo Cornejo y que existirían elementos probatorios para sustentar esa hipótesis.
En tanto, la querella sostiene que no existe “ningún elemento objetivo, verificable o reproducible” que permita siquiera iniciar una investigación penal contra la mujer.
D'Agostino se encuentra imputado por amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. El contraataque judicial de su defensa llegó horas después de que la querella solicitara a la fiscalía ampliar la imputación por el presunto delito de abuso sexual y su detención.
Uno de los principales argumentos de la defensa de D'Agostino había sido un audio incorporado al expediente. Sostienen que un testigo declaró bajo juramento que la mujer le habría pedido transmitirle a D’Agostino un mensaje vinculado a una exigencia económica de “500 mil dólares” para que “no se enterara nunca más nada de él”.
Sobre ese punto, la querella afirma que el registro fue aportado voluntariamente por la propia denunciante y que su contenido no incluye ninguna exigencia económica, amenaza ni conducta extorsiva.
Según el escrito, la interpretación realizada por la defensa surge de una lectura “fragmentaria y errónea” de una conversación grabada en un local gastronómico, atribuyendo a la denunciante expresiones que corresponderían a ruidos ambientales y voces de terceros en mesas contiguas.
Además, la querella remarcó que la defensa hace referencia a un supuesto mensaje de texto que la mujer habría mostrado a uno de los testigos, pero asegura que ese elemento “no existe en el expediente en ninguna de sus formas posibles”.
“No hay captura de pantalla, respaldo digital, secuestro del dispositivo, peritaje informático ni metadatos que acrediten su existencia”, sostiene la presentación judicial de la querella.
La respuesta también cuestiona declaraciones de testigos ofrecidos por la defensa y advierte sobre una supuesta utilización indebida de referencias indirectas vinculadas a una menor de edad, situación que considera jurídicamente inadmisible y contraria a los estándares de protección de niños y adolescentes.
El escrito también desliza sospechas sobre eventuales influencias políticas e institucionales que podrían haber sido invocadas por el propio D’Agostino, y sostiene que, de existir compulsas judiciales, deberían orientarse a investigar posibles maniobras de tráfico de influencias y no a la denunciante.
Finalmente, la querella pidió a la Fiscalía que rechace “in limine” el pedido formulado por la defensa por considerarlo improcedente, carente de sustento fáctico y constitutivo de una forma de revictimización.