El Gobierno actualizará las regulaciones sobre las plataformas de transporte electrónicas, como lo son Uber, Cabify y Maxim, a partir de la sanción definitiva de una ley que también alienta la incorporación de vehículos eléctricos a la flota.
La Legislatura le dio sanción definitiva a las nuevas regulaciones de las plataformas de transporte como Uber, Cabify y Maxim. Cómo se reparten el negocio.
Los conductores de aplicaciones podrán ser inhabilitados ante incumplimientos.
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El Gobierno actualizará las regulaciones sobre las plataformas de transporte electrónicas, como lo son Uber, Cabify y Maxim, a partir de la sanción definitiva de una ley que también alienta la incorporación de vehículos eléctricos a la flota.
El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, confirmó a Los Andes que son alrededor de 4.000 vehículos los que prestan estos servicios: el 50% corresponde a Uber, un 40% a Cabify y 10% a Maxim.
"Hay altas y bajas, pero desde 2018, cuando se promulgó la ley, ha ido teniendo un crecimiento progresivo hasta la actualidad", acotó el funcionario.
Borrego repasó que "en su momento esta normativa fue muy novedosa, ya que recién desembarcaba Uber en Mendoza, mientras operaba en Buenos Aires y en otras ciudades del mundo".
"Fue muy oportuno y muy innovador reglamentar esta ley, que permitió un trabajo y un ordenamiento de las plataformas", sostuvo.
Y enumeró algunos de los requisitos claves desde ese momento: los vehículos deben tener antigüedades menores a los taxis y remises y domicilio legal en Mendoza, para poder funcionar. También la exigencia de carnet profesional en los choferes.
"Una plataforma tiene que tener como máximo 7 años de antigüedad. Y sería un incumplimiento incorporar un vehículo más antiguo. Se podrá sancionar particularmente a los conductores y también a la plataforma con esto", explicó.
"Hoy tenemos una convivencia amigable y con reglas claras con los diferentes sistemas de movilidad", aseguró Borrego y señaló que con el paso de los años, vieron la necesidad de ajustar las regulaciones, para dotar de mayor control al Ente de Movilidad Provincial (EMoP).
Borrego comentó que atacarán la "reincidencia" en las multas y también se establecerá una escala, que deberá reglamentar el EMoP para sancionar específicamente al conductor y no saltar directamente a la suspensión de la plataforma, como ha sucedido otras veces.
"Esto le va a permitir mejorar el procedimiento de multas. Las que estaban previstas no preveían cuando eran recurrentes. No preveían una tipificación de las multas. Solo preveía la inhabilitación de la plataforma", comentó Borrego.
Y aclaró que "estas faltas menores no implicarían en primera instancia la suspensión de la plataforma. Y se podrá hacer un mejor control y más efectivo".
Con estas modificaciones en la Ley 7412, las multas que se apliquen para que sean recurridas deberán ser pagadas previamente, explicó el funcionario. "Esto va a facilitar algunas situaciones, porque se demoraba mucho el cobro durante un camino administrativo muy largo", apuntó.
"Con estos cambios el Emop no busca recaudar sino hacer cumplir la normativa. Y si estas sanciones se aplican tarde, no se cumple con la sanción", aseguró Borrego.
En cuánto a la reincidencia, comentó que antes de esta nueva normativa, aunque "se diera la misma situación en un mismo conductor, se sancionaba de la misma forma". Es decir, ahora se aplicará un "agravante de la sanción", dejando como sanción máxima la inhabilitación de la plataforma.
También se prohíbe en esta ley la publicidad de la marca de la plataforma en los vehículos. "Para la oferta pública están los taxis, pero las plataformas no pueden estar identificadas en la puerta con un cartel" de la marca, explicó Borrego. "Eso no estaba especificado y se incorporó a los fines de sancionarlo. Habíamos visto que algunas plataformas se publicitaban de esta forma y ahora se va a sancionar", agregó.
El PJ había pedido que se exigiera a las plataformas la apertura de una "unidad de auditoría" para que el Gobierno pudiera detectar online y en tiempo real las irregularidades. Además, advirtió que el Poder Ejecutivo nunca cumplió con el requisito de establecer un fondo especial para mejorar el parque automotor de taxis y remises con el 1% de alícuota adicional en Ingresos Brutos que pagan las plataformas.
Pero en el debate, la senadora radical Natacha Eisenchlas defendió la regulación y destacó que Mendoza fue “la primera, y creo que la única provincia de Argentina, que tuvo la valentía y la decisión política de regularizar este fenómeno que ya se venía dando en todo el mundo”.
La senadora aseguró que las críticas sobre los mecanismos de control, particularmente la auditoría de Ingresos Brutos, “son legítimas, pero los sistemas tecnológicos actuales de las empresas permiten un control fiable de la facturación, lo que hace muy difícil cualquier evasión”.
También explicó que se analizó la propuesta del bloque peronista de establecer controles en tiempo real, pero sostuvo que por la complejidad del sistema no era viable implementarla sin afectar el funcionamiento de las plataformas.