Los accionistas de la droguería involucrada en el escándalo por presuntas coimas, iniciado en base a audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, aseguraron que hay graves irregularidades en la investigación.
Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación abierta por presunto pago de sobornos, iniciada en base a audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, al denunciar que las grabaciones están adulteradas y se obtuvieron de manera ilegal.
En un escrito presentado por su abogado, Martín Magram, se solicitó al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad de la causa por “violación al derecho de defensa en juicio” y el “inconmensurable perjuicio reputacional” ocasionado tanto a los hermanos Emannuel y Jonathan Kovalivker, como a su padre Eduardo Kovalivker, además de a la empresa.
El planteo fue formulado el viernes pasado, el mismo día en que el fiscal del caso, Franco Picardi, realizó un nuevo allanamiento a la sede de la firma en el barrio porteño de Belgrano, donde se produjeron resistencias para la entrega de correos electrónicos y claves de acceso a sistemas informáticos.
“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales, así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, sostuvo Magram en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.
El letrado advirtió además que la causa se maneja con “oscurantismo”, con “desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho”, y cuestionó que se impulsen medidas en base a grabaciones a las que, según dijo, “no es posible conceder ningún valor”.
“El proceso recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas, donde la delación y la sospecha infundada eran material suficiente para encarcelar y suprimir derechos reconocidos en un Estado democrático”, concluyó el abogado.