Legislatura: la ley para regular el lobby en Mendoza sigue postergada sin fecha de debate

La Cámara de Diputados tiene dos proyectos en comisiones para regular el Lobby en Mendoza. 
Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes
La Cámara de Diputados tiene dos proyectos en comisiones para regular el Lobby en Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Se había prometido que después de las elecciones sería tratado, pero aún no hay avances en el debate. La prioridad ahora son los proyectos de oficina de conciliación civil y la ampliación de los delitos que van a proceso en juicio por jurado.

La Legislatura de Mendoza continúa sin debatir proyectos de ley que pretenden regular la publicidad de la “gestión de intereses”, más conocido como “lobby”, más allá que hay dos proyectos presentados en la Cámara de Diputados desde hace años. A nivel nacional, diferentes gobiernos presidenciales han quedado envueltos en polémicas por reuniones tanto en Olivos como en Casa Rosada de parte de empresarios o “lobistas”, así como también dirigentes poderosos. No obstante, Mendoza no está exenta a esta práctica, tanto en el Poder Ejecutivo como también el Legislativo, que hasta el día de hoy no está regulada.

En el oficialismo entienden que Mendoza debe dar un paso hacia adelante en la transparencia de las acciones de gobierno y de los diferentes poderes, y argumentan que la regulación de la “gestión de intereses” es una herramienta que podría incluso catapultar a la provincia en la búsqueda de ser modelo a nivel país, junto con otras acciones tales como la ley de ficha limpia, que ya está vigente en esta jurisdicción, así como también la ley de Acceso a la Información Pública y la creación de la oficina de Ética Pública.

Recordemos que en en la provincia son dos proyectos de ley en la Legislatura para regular y transparentar el lobby, uno del diputado del PD “frentista” Guillermo Mosso; y otro de su par del Partido Verde, Mario Vadillo. Ambos están en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), pero no se han tratado.

Sin embargo, aún no está en los planes para ser tratado en la Cámara de Diputados, tal como expresó a Los Andes el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi. El alfil radical señaló que la prioridad de las próximas sesiones de abril serán proyectos presentados por el Ejecutivo tales como la creación de las Oficinas de Conciliación Civil, que está en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados; y la ampliación de delitos de Juicios por Jurados, que está en esa misma comisión, pero del Senado.

“Necesitamos darle tiempo todavía”, acotó, por lo que si se impulsa el debate, recién será luego de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de mayo. De igual manera hay que tener en cuenta que Lombardi no se ha mostrado en contra de la iniciativa, y meses atrás se trabajó el proyecto junto al propio Mosso y la legisladora radical Daniela García. “Hay que romper con el prejuicio de la palabra lobby”, sostuvo en declaraciones a Los Andes el año pasado. De hecho, en Legislatura se afirmó a Los Andes que los proyectos se tratarían después de las elecciones.

Lo cierto es que ya ha estado dilatado su tratamiento, teniendo en cuenta que también en 2021 se habló de la necesidad que el mismo no estuviera “entrampado” por las elecciones, más allá que hay mayoría de legisladores a favor de darle luz verde a un eventual proyecto que surja del debate en comisiones.

Hay otra situación que es necesario reflejar, y que es que si bien los proyectos duermen en la comisión de LAC de Diputados, no se ha pedido por ningún bloque su tratamiento, por lo que no se trataría sólo de un impulso oficialista.

“No han sido solicitados para orden del día por ningún Bloque”, dijo a Los Andes Jorge Difonso, presidente de la comisión, quien sostuvo que todos los martes, luego de cada reunión, se abre el paso a pedidos de tratamientos por cada uno de los legisladores. Más allá de esto, se mostró de acuerdo con una posible ley de regulación al considerar que “serviría para transparentar la función”.

Desde el peronismo, Duilio Pezzutti, diputado que también integra la Comisión, opinó que, a su entender, “es un tema que hay que tratar y se pueden hacer aportes importantes”. No obstante, apuntó que es “el oficialismo provincial el que no se mueve de su propia agenda legislativa”.

Transparentar el lobby

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el lobby “es una práctica a través de la cual, representantes de intereses particulares argumentan a favor de ellos frente a los tomadores de decisión”.

También señalan que hay definiciones distintas entre el lobby y la gestión de interés: “Mientras que quien realiza un proceso de lobby es un tercero, profesional que gestiona el interés de un grupo frente al funcionario o legislador, la gestión de intereses puede definirse como ‘cualquier gestión que, basándose en una o varias actitudes compartidas, lleva adelante ciertas reivindicaciones ante los demás gestores de la sociedad’”, expresa el documento.

El mismo refleja también cómo se ha avanzado en países del mundo en la regulación del lobby, tales como Estados Unidos, Perú, México, Colombia y Chile; y cómo se trabaja también en la Unión Europea.

En tanto, en Argentina no se cuenta con una ley que regule la publicidad de la gestión de intereses (hay más de 30 proyectos en el Congreso) y lo único que se tiene es un decreto (1172/2003) de la gestión de Néstor Kirchner sobre Acceso a la Información Pública, que transparenta audiencias públicas y la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la elaboración de normas, pedidos de información pública y la regulación de reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos.

De hecho, el decreto tiene un reglamento para la publicidad de gestión de intereses, en la que en su artículo 2 lo define como “toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”.

Y establece en su artículo 4: “Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional (NdR: mencionados en uno de sus artículos) están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto consista en las actividades definidas en el artículo 2. A tal efecto debe preverse la creación de un Registro de Audiencias de Gestión de Intereses”.

Proyectos locales

Los proyectos de Mosso y Vadillo tienen algunas semejanzas y diferencias. El del demócrata, regula la publicidad de la gestión de intereses a los tres poderes del Estado, y marca en uno de sus artículos que “cada uno de los sujetos obligados llevará el registro de las audiencias de gestión de intereses que haya mantenido, de modo planificado o incidental” y se deberá informar el lugar de la audiencia -o si se mantuvo de manera remota-; la fecha y hora; el nombre de quienes la solicitaron y de quienes asistieron a ella; el nombre o razón social de la persona cuyos intereses se gestionaron, o si se trataba de intereses colectivos o difusos; y finalmente una síntesis del contenido de la reunión.

Además, establece que los sujetos obligados que incumplan la ley “serán sancionados según corresponda, conforme a la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil o penal”.

Del lado del legislador del Partido Verde, se crea dentro de los registros de las declaraciones juradas, uno de “agenda política, lobby o gestión de intereses”, que contiene las solicitudes de audiencias, datos del solicitante; intereses que se invocan; participantes de la audiencia; lugar, fecha, hora y objeto de la reunión; síntesis del contenido de la reunión y constancias de las audiencias efectivamente realizadas.

Además, los sujetos obligados deberán informar “reuniones personales o virtuales, e incluir los datos de informes, estudios o documentos presentados a los funcionarios por los miembros solicitantes de la reunión o audiencia con carácter de declaración jurada”

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