La iniciativa propone acelerar los procesos de desadjudicación ante casos de incumplimiento, abandono o alquiler irregular de inmuebles entregados por el Estado.
La iniciativa sostiene que los cambios permitirán fortalecer el sistema habitacional y reasignar unidades a familias que permanecen en lista de espera.
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El gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone acelerar los procesos de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en casos de incumplimiento por parte de los beneficiarios.
La iniciativa apunta a reducir los tiempos administrativos y judiciales en situaciones vinculadas con falta de pago, abandono de inmuebles, cesiones irregulares o alquileres de las unidades financiadas con recursos públicos.
Según indicaron desde el Ejecutivo provincial, el objetivo es fortalecer el sistema habitacional y garantizar que las viviendas sociales lleguen efectivamente a familias que no tienen acceso al mercado inmobiliario formal.
El proyecto incorpora modificaciones a la Ley Nº 6.776, la Ley Nº 4.203 y al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Además, se plantea adecuar los procedimientos vigentes al sistema procesal monitorio previsto actualmente en la normativa procesal mendocina para agilizar las instancias de recupero.
La propuesta se sustenta en el principio de “función social de la vivienda”, considerado por el Ejecutivo como uno de los ejes centrales de la política habitacional provincial.
En ese marco, el Gobierno sostiene que las viviendas construidas o financiadas total o parcialmente con fondos públicos deben destinarse exclusivamente a resolver necesidades habitacionales de sectores sociales que no pueden acceder al sistema privado.
Actualmente, los programas habitacionales del IPV, como Mendoza Construye, IPV Construyo Mi Casa y Mejoro Mi Casa, están dirigidos prioritariamente a grupos familiares cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, el sistema requiere un esquema de obligaciones recíprocas: mientras el Estado facilita el acceso a una vivienda, los adjudicatarios deben cumplir con el pago de las cuotas y la ocupación efectiva de los inmuebles.
Desde el Ejecutivo remarcaron que los incumplimientos afectan la sustentabilidad financiera del sistema y limitan las posibilidades de acceso para otras familias que permanecen en lista de espera.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación de la homologación judicial previa para las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV.
El proyecto sostiene que estos actos administrativos cuentan con presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, siempre que se haya garantizado el debido proceso legal y el derecho de defensa de los adjudicatarios involucrados.
En paralelo, se propone incorporar un nuevo inciso al artículo 232 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza para habilitar una vía procesal específica vinculada a las desadjudicaciones resueltas por el organismo provincial.
Además, la iniciativa establece que los desalojos impulsados por el IPV pasarán a tramitarse en la Justicia de Paz Letrada. Según argumenta el Gobierno, estos tribunales poseen mayor cercanía territorial y mecanismos más ágiles para intervenir en procesos considerados de menor complejidad.
El proyecto también busca facultar al IPV para iniciar juicios de desalojo una vez que exista una desadjudicación firme por incumplimiento de las condiciones asumidas por los beneficiarios.
En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno provincial señala que el IPV detectó distintos casos de mora persistente, abandono de viviendas, cesiones informales, alquileres permanentes o temporarios y falseamiento de datos relevantes durante los procesos de adjudicación.
Según indicaron, estas situaciones desnaturalizan el objetivo social de los programas habitacionales financiados por el Estado y dificultan la rotación de unidades para nuevos beneficiarios.
En ese contexto, el organismo continuará realizando inspecciones, controles territoriales y constataciones sociales para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder y mantener las viviendas sociales.
En paralelo al envío del proyecto, el IPV informó la desadjudicación de dos viviendas del complejo Eusebio Blanco, en Ciudad, tras detectar presuntas irregularidades vinculadas a la falta de ocupación efectiva de las unidades.
En el primero de los casos, las actuaciones comenzaron luego de denuncias formuladas por vecinos del edificio, quienes señalaron que la vivienda entregada en 2019 no era habitada por sus adjudicatarios y que estaría ocupada por terceros.
A partir de esas presentaciones, el organismo realizó inspecciones, entrevistas sociales y distintas verificaciones. Según informó el IPV, en reiteradas oportunidades se constató la ausencia de los titulares en el inmueble y vecinos del complejo coincidieron en afirmar que nunca residieron allí desde la adjudicación.
Posteriormente, personal del organismo detectó indicios de residencia y titularidad dominial de los adjudicatarios en un inmueble ubicado en Maipú, mientras que en la vivienda adjudicada no se obtuvo respuesta pese a reiterados llamados.
Frente a estas irregularidades, el IPV resolvió la desadjudicación mediante la Resolución Nº 1397/25.
El segundo caso también corresponde al complejo Eusebio Blanco y surgió tras denuncias vecinales que advertían sobre presuntos alquileres permanentes y temporarios dentro del edificio.
De acuerdo con lo informado por el IPV, las inspecciones realizadas permitieron constatar reiteradamente la presencia de una persona ajena a la relación adjudicataria ocupando la vivienda.
Vecinos del complejo señalaron además que la titular no residía habitualmente en el inmueble y que existirían indicios de una posible cesión de uso o alquiler regular del departamento. Ante estas actuaciones, la adjudicataria manifestó que se trataba de una persona de confianza que permanecía frecuentemente en la unidad.
Finalmente, el organismo dispuso la desadjudicación mediante la Resolución Nº 425/24, posteriormente incorporada al Decreto Nº 933/24, conforme a la normativa vigente.