El Ejecutivo oficializó cambios en el sistema de registro de ingreso y egreso del personal estatal y habilitó adecuaciones horarias con autorización ministerial.
La nueva normativa ratifica la obligatoriedad del sistema biométrico y aclara que el registro no acredita por sí solo el cumplimiento de tareas laborales. Foto: ilustrativa/web
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El gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con modificaciones en la reglamentación del sistema de control biométrico para empleados públicos provinciales. A través del Decreto 766, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo introdujo cambios sobre la implementación del mecanismo de registro de ingreso y egreso del personal en todas las dependencias del Poder Ejecutivo.
La medida modifica el artículo 2 del Decreto 1944/24, normativa que había aprobado el convenio entre la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para implementar controles de ausentismo y juntas médicas en distintas áreas del Estado provincial.
En ese contexto, el Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad de utilizar sistemas biométricos de datos para registrar la asistencia del personal.
El nuevo texto establece que todas las dependencias del Poder Ejecutivo deberán implementar este sistema con el objetivo de “acreditar” la presencia de los agentes en sus lugares de trabajo. No obstante, aclara que ese registro no constituye una prueba suficiente sobre el cumplimiento efectivo de las tareas laborales habituales.
Además, la normativa dispone que los trabajadores estatales estarán obligados a registrar tanto el ingreso como el egreso en la forma que determine el decreto.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el sistema biométrico forma parte de una política más amplia vinculada al control de ausentismo dentro de la administración pública.
Según se argumenta, contar con sistemas de presentismo permitirá disponer de “datos fehacientes y completos” para realizar auditorías y mejorar los mecanismos de control sobre el capital humano estatal.
La norma también recuerda que el Decreto 1944/24 había designado a la Dirección de Recursos Humanos como autoridad de aplicación de estos sistemas, con la responsabilidad de garantizar su implementación y funcionamiento conforme al régimen legal vigente.
Otro de los puntos incorporados en la modificación está relacionado con la posibilidad de establecer horarios especiales en determinadas áreas del Estado. El decreto señala que, debido a la dinámica de algunas reparticiones públicas, los ministros de cada cartera podrán autorizar adecuaciones cuando la naturaleza del servicio así lo requiera.
De esta manera, cualquier excepción o esquema especial deberá contar con la aprobación expresa del ministro correspondiente a cada jurisdicción.
El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de los ministros Natalio Mema (Gobierno), Víctor Fayad (Hacienda) y Rodolfo Montero (Salud y Deportes).
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la implementación del sistema biométrico en las distintas dependencias provinciales y plantearon dudas sobre su funcionamiento y alcance real dentro de la administración pública.
El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, sostuvo que “todos los estatales tienen que tener el mismo sistema de marcación” y explicó que actualmente el mecanismo más utilizado es el registro mediante huella digital.
En ese sentido, señaló que el sistema implementado hasta ahora no logró llegar a la totalidad de los organismos públicos. Según indicó, la aparatología existente sólo pudo instalarse en cerca del 60% de los lugares de trabajo, especialmente por dificultades para alcanzar centros de salud y otras dependencias alejadas.
Macho también aseguró que los actuales sistemas de control presentan fallas operativas. Como ejemplo, mencionó que en el Hospital Central existe un porcentaje de trabajadores a quienes el sistema de huella “no les toma ni la entrada ni la salida”, por lo que deben informar manualmente su asistencia.
Además, el dirigente sindical remarcó que la implementación de un esquema biométrico implicaría extender dispositivos a puestos fronterizos vinculados al ISCAMEN y a distintos centros de salud de la provincia. En ese marco, consideró que se trataría de “un gasto totalmente innecesario” frente a otras prioridades del Estado provincial.
Entre esas prioridades, mencionó la necesidad de mejorar la provisión de ropa de trabajo y reforzar el equipamiento en el sistema sanitario. “Me parece obsoleto fijarse ahora en un reloj biométrico teniendo otras necesidades dentro del Estado”, concluyó el titular de ATE Mendoza.