El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca avanzar con una nueva etapa de reorganización del Estado provincial. La iniciativa, enviada por la gestión de Alfredo Cornejo a la Cámara de Diputados, incluye medidas vinculadas con incentivos a la inversión privada, modificaciones en organismos estatales y el cierre de procesos administrativos heredados de la privatización de los exbancos oficiales.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, brindará este miércoles una conferencia de prensa para dar detalles del alcance del proyecto, que desde el Ejecutivo describen como una herramienta orientada a modernizar la administración pública, optimizar recursos y mejorar las condiciones para el desarrollo económico en la provincia.
Uno de los principales puntos de la propuesta es la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según plantea el Gobierno provincial, esta medida apunta a generar un esquema más competitivo para atraer inversiones nacionales y extranjeras, especialmente destinadas a PyMES y MiPyMES.
Desde el Ejecutivo sostienen que el régimen permitirá fortalecer la capacidad productiva de empresas locales y fomentar la creación de empleo en distintos departamentos de la provincia. En ese marco, remarcan que Mendoza necesita incorporar herramientas que acompañen el desarrollo económico y faciliten nuevas inversiones.
Refuncionalización del Fondo para la Transformación
Otro de los ejes del proyecto contempla la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). El texto argumenta que, luego de más de tres décadas de funcionamiento, el organismo presenta una reducción de su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo.
La iniciativa señala además que el sistema financiero privado alcanzó un nivel de desarrollo que permite redefinir el rol del Estado, concentrándolo en la corrección de fallas específicas del mercado en lugar de sostener mecanismos generales de financiamiento.
Desde esta semana, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento funcionará plenamente en una nueva sede
Desde esta semana, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento funcionará plenamente en una nueva sede
En paralelo, el proyecto faculta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a llevar adelante un proceso de reorganización administrativa y operativa. El objetivo, según se detalla, es optimizar la gestión, racionalizar recursos y garantizar la sustentabilidad financiera del organismo.
La propuesta se da en el contexto del incendio ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, donde funcionaba el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza. El siniestro destruyó por completo la sala y obligó a interrumpir sus actividades.
De acuerdo con el Ejecutivo, esa situación tuvo impacto sobre la recaudación, la estructura presupuestaria y la distribución de recursos del Instituto. También advirtieron que afectó las transferencias destinadas a salud, bibliotecas populares y rentas generales previstas en la Ley Nº 7.314.
Más detalles del proyecto
El proyecto también incorpora disposiciones vinculadas con el cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos oficiales de Mendoza.
En ese sentido, establece el cumplimiento de las leyes Nº 6276 y Nº 6523 mediante la liquidación de activos pertenecientes al ex EFOR, actualmente administrados por la Dirección de Administración de Activos ExBancos Oficiales (D.A.A.B.O.).
Según explica el Gobierno, todavía existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad, muchas de ellas prescriptas o correspondientes a deudores insolventes, que continúan generando costos administrativos para el Estado provincial.
En esa línea, la iniciativa propone autorizar la baja contable de esos créditos en el sistema SIDICO y cancelar las garantías reales asociadas. Desde el Ejecutivo sostienen que esto permitiría regularizar situaciones pendientes, facilitar la reinserción de deudores en el circuito financiero y evitar posibles litigios judiciales contra la Provincia por gravámenes vinculados a obligaciones ya extinguidas.