El Ejecutivo ordenó por decreto promulgar la ley, pero suspendió su aplicación. Ahora el Consejo Superior de la casa de altos estudios tomó la decisión unánime de ir a la Justicia.
La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
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El presidente Javier Milei sufrió varios revés cuando los legisladores nacionales trataron una serie de proyectos de ley, en entre ellos, la Ley de Financiamiento Universitario. Entre un ida y vuelta entre la Casa Rosada y el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley pero suspendió su aplicación.
Según argumentan desde la gestión libertaria, la suspensión será hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la norma. Frente a ese escenario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le pedirá a la Justicia que el Gobierno aplique la Ley.
La medida fue aprobada por resolución unánime del Consejo Superior de la casa de altos estudios, en pos de que se cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario. Además, exigen que asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes.
Desde la UBA tomaron esa decisión “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
Respecto al decreto del Gobierno, analizaron: “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Además “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”, de acuerdo a la resolución de la UBA.
La casa de altos estudios señaló que “el sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%".
"A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el Indec, profundizando aún más dicha pérdida”. En ese marco, la UBA también explicó que la Ley tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina. Como así también la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes.
El Consejo Superior de la UBA apuntó que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis, según se expresa en los considerandos de la resolución. Además, la Ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.