La iniciativa fue sometida a dos votaciones en la Cámara Alta y tuvo que desempatar la vicegobernadora, Hebe Casado. Duras recriminaciones entre el oficialismo y la oposición.
La vicegobernadora Hebe Casado desempató la votación en el Senado y el proyecto que reforma el empleo público en Mendoza se convirtió en ley
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Senado Mendoza En una sesión muy caliente, el Senado convirtió en ley la reforma del Estatuto del Empleado Público, que impulsó el gobernador Alfredo Cornejo. La norma se aprobó por un desempate de la vicegobernadora Hebe Casado, mientras ocurrían protestas gremiales afuera.
El oficialismo no logró quebrar la resistencia de la oposición, que terminó votando por el rechazo en su conjunto en dos oportunidades, por lo cual el resultado se repitió en 19-19 y por reglamento debió definir Casado en la segunda votación.
El PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde ya habían votado en contra en Diputados y durante el tratamiento en comisiones ratificaron su postura, por lo cual llegaron al debate con 17 votos en contra confirmados.
Era un misterio lo que podía suceder con Armando Magistretti (PD) y el peronista disidente Duilio Pezzutti, quien se ha diferenciado de sus excompañeros de bloque en otras votaciones, acompañando iniciativas del oficialismo. Finalmente cada uno de los opositores se inclinó por el rechazo.
La reforma del estatuto implica cambios a la hora de establecer quiénes son los empleados que tienen estabilidad laboral y cómo se calculan las indemnizaciones. También elimina cláusulas como la que permitía heredar cargos en el Estado provincial.
El conjunto de los gremios se resistió a este proyecto y lo demostró con una manifestación en las puertas de la Legislatura. La protesta la encabezó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y acompañó la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), en conjunto con organizaciones sociales como la Corriente Clasista Combativa (CCC).
El senador Walther Marcolini (UCR) fue el miembro informante del proyecto y explicó que la reforma tiene como objetivo "actualizar, clarificar y ordenar una norma con más de 50 años de vigencia", frente a lo que consideró interpretaciones erróneas o incluso "intentos de desinformación".
Al referirse a la estabilidad laboral, Marcolini subrayó que la reforma incorpora la figura del "personal interino" dentro de un marco regulatorio específico, "reforzando la protección de quienes acceden a cargos vacantes en la planta permanente hasta la realización de los concursos correspondientes".
Destacó que los agentes que han concursado y accedido a la planta efectiva mantienen la estabilidad propia, mientras que los interinos cuentan con una estabilidad condicionada, garantizada hasta tanto se sustancie el proceso concursal.
El senador también aclaró que la reforma no crea cargos nuevos ni implica erogaciones adicionales, ya que no se trata de una ley de presupuesto, sino de una norma aclaratoria.
Además, destacó que se equipara el régimen de indemnización a lo dispuesto en otros estatutos, fijando un "criterio uniforme" equivalente a un año de remuneración por cada año de servicio, con un plazo máximo de 30 días para su pago.
El primer orador por parte de la oposición fue precisamente el sindicalista Ariel Pringles (LUM), quién desgranó punto por punto las observaciones hechas desde su bloque al proyecto y reconoció que la iniciativa pone luz "sobre los trabajadores invisibilizados que no figuran en ningún lado y son temporales o interinos".
En ese marco, explicó que no los convenció aprobar la iniciativa porque representaría "legalizar una enorme cantidad de trabajadores flexibilizados que tiene el Estado. Era darle nombre y apellido a una flexibilización existente, culpa de este gobierno y de los anteriores. Porque no es solamente de esta gestión".
"Hay una enorme cantidad de trabajadores que siempre están con la zozobra y la angustia de estar pendientes de un hilo. ¿Existen? Sí, saquemoslo pero con contratos y las paritarias terminadas. No lo hagamos habitual en una norma para que cada vez sean más. Es enormemente injusto usar a los trabajadores interinos en este debate", planteó.
Por su lado, Armando Magistretti (PD) sostuvo que el Ejecutivo ha presentado este proyecto "preocupado por una sentencia de la Corte que podría ser desfavorable para el Gobierno por un reconocimiento de pagos por antigüedad" y dijo que era necesario esperar ese fallo del plenario del máximo tribunal, antes de sancionar esta ley.
"Creemos que la verdadera intención del momento en que se envía este proyecto es para crear una gran confusión jurídica si esta sentencia llegase a salir en contra", planteó Magistretti.
Y también apuntó contra la creación de la categoría de interinos, que entienden en su partido como la consolidación de "un sistema clientelar que se da en la práctica". "Va a ser una herramienta a través de la cual el Gobierno va a expresar toda su discrecionalidad para utilizarlo desde el punto de vista política".
"Creemos que esta iniciativa no ha apuntado justamente a desterrar el problema, que es la partidización de las burocracias. Creemos que se pierde una oportunidad", completó el senador demócrata.
Por último desde el PJ, la jefa del bloque Adriana Cano, cuestionó que la ley plantea una modernización que "lo único que hacen es pisotear derechos reconocidos y avalados incluso por convenios internacionales. Esta ley no mejora el Estado: lo precariza y lo vuelve más ineficaz”.
La legisladora recordó que Cornejo prometió en 2016 implementar concursos para transparentar los ingresos a la administración pública, pero en ocho años solo se realizaron 87 concursos sobre más de 100.000 empleados.
“De aquel anuncio rimbombante solo quedó propaganda. Hoy prefieren sumar cargos políticos a dedo y vaciar los ámbitos paritarios, en lugar de fortalecer la transparencia y la calidad de los servicios públicos”, criticó.
Además, remarcó que la reforma "viola principios básicos del derecho laboral como la estabilidad, la continuidad y la progresividad", y advirtieron que su aplicación traerá judicialización y un alto costo económico para la provincia.