El Tribunal Oral Federal 7 impuso cuatro años de prisión al ex ministro de Planificación por administración fraudulenta agravada.
Condenaron a Julio de Vido a cuatro años de prisión por fraude en la compra de gas licuado
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El Tribunal Oral Federal 7 condenó este martes al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cuatro años de prisión por administración fraudulenta agravada en la causa que investigó irregularidades en la compra de buques de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2009. La condena fue emitida por unanimidad por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
Junto a De Vido, su mano derecha y ex funcionario, Roberto Baratta, también fue hallado culpable como coautor del delito y fue condenado a tres años y seis meses de prisión. Los jueces encontraron penalmente responsable al exministro por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Además de las penas de prisión, el TOF 7 impuso a los condenados (De Vido, Baratta, y el empresario Nicolás Dromi San Martino) la obligación de devolver al Estado nacional US$5,5 millones en concepto de reparación por la maniobra fraudulenta.
La investigación se centró en las irregularidades detectadas durante la compra de GNL, que se realizaron durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. De Vido y Baratta fueron acusados de haber pagado “innecesariamente” más de US$5,5 millones a intermediarios, causando un perjuicio al Estado.
Específicamente, la Justicia investigó una maniobra de sobreprecios donde se realizaron pagos de comisiones a YPF y dos compañías vinculadas a la familia Dromi: Diligentia S.A. y Dysan SA. Estas empresas habrían intervenido como brokers en la compra de once cargamentos de GNL.
El empresario Nicolás Dromi, director de Diligentia SA, fue encontrado culpable como partícipe necesario y condenado a la pena de tres años de prisión.
Según la acusación fiscal, no existía ningún informe técnico ni análisis comparativo que justificara la participación de estas empresas en la operatoria, especialmente porque eran compañías sin experiencia en el sector y los vínculos entre Enarsa y los proveedores (como Morgan Stanley) ya estaban establecidos. El fiscal Codromaz llegó a señalar que "no hay ninguna prueba de qué valor aportó la intermediación de Dromi".
Cabe destacar que el proceso judicial tuvo una duración de 11 años. Aunque el caso se inició tras un peritaje que determinó una supuesta pérdida de casi 7 mil millones de dólares, esa pericia resultó contener datos falsos. Sin embargo, un peritaje posterior, si bien determinó que se pagaron precios de mercado, estableció que existían elementos suficientes para continuar con la causa penal.
Los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz habían solicitado en sus alegatos finales penas más altas para los acusados: cuatro años y ocho meses de prisión para De Vido y cuatro años y seis meses para Baratta.
