El empleo público total (nacional, provincial y municipal) aumentó, en términos absolutos, un 125% entre 1980 y 2022 (1.634.751 a 3.678.716). Si se desagrega la evolución del empleo público por niveles de gobierno durante el período 1980-2022, se advierte que el tamaño del estado nacional creció levemente ((+8%), atravesando etapas de expansión-contracción, mientras que el volumen agregado tanto de las burocracias provinciales (+251,3%) como municipales (+156%) registró una tendencia expansiva y a un ritmo sostenido, como fruto de los procesos de descentralización de funciones (salud, educación), del arraigado y extendido clientelismo y de la intensificación de la presencia estatal, entre otros factores (Iacoviello, Llano y Pulido, en prensa).
Mendoza no está exenta de la propensión al incremento del empleo público en un escenario de primacía de la concepción del estado presente, aunque registra una variación por debajo del promedio nacional, si se analizan datos disponibles. Mientras que el empleo público provincial, en promedio, escaló un 22% entre los años 2010-2022, en Mendoza incrementó un 6% entre 2011 y 2024, atravesando etapas de crecimiento y retracción (estimaciones en base a Iacoviello, Llano y Pulido, en prensa; CEM, 2025).
Esta tendencia es un indicio de la ausencia de un programa de modernización profundo del empleo público tanto en el plano cuantitativo como cualitativo en nuestra provincia. Mendoza no es ajena a la volatilidad e intermitencia características de los procesos de reforma administrativa en América Latina.
Si bien el volumen del estado provincial ha decrecido en los últimos 2 años, no se observa una reformulación contundente del tamaño de la burocracia en un marco de rediscusión del rol del estado, impregnado, durante las últimas décadas, por una visión claramente intervencionista. Por otra parte, tampoco ha estado presente en la agenda de gobierno una reforma integral del sistema de empleo público orientada a edificar y consolidar una burocracia meritocrática al servicio del ciudadano y no de los partidos políticos.
Nuevamente Mendoza asiste a una propuesta de reforma parcial del Estatuto del Empleado Público que no contribuye a erradicar la principal patología que afecta a los servicios civiles en la región: el clientelismo. Más allá que la finalidad implícita de la iniciativa pareciera ser la de eludir eventuales efectos de fallos judiciales, el objetivo explícito es el de discutir la estabilidad del empleado público. Un debate de fondo oportuno en un marco en el que las revolucionarias transformaciones tecnológicas obligan a redefinir los formatos burocráticos y a pensar administraciones más flexibles, eficientes, inteligentes y, principalmente, meritocráticas.
Esta figura que procuraba proteger a los agentes de las remociones arbitrarias en escenarios de recambio gubernamental y así asegurar un horizonte de relativa permanencia que contribuyera a la continuidad de las políticas públicas, degeneró en estabilidad pétrea y vitalicia. Esta rigidez en las desvinculaciones tiende a combinarse, en la región, con una elevadísima flexibilidad y discrecionalidad en el acceso a los cargos públicos.
Es frecuente en las burocracias altamente politizadas que el personal ingrese mediante contrataciones temporarias y sobre la base de criterios de afinidad personal (nepotismo, etc.), ideológica o partidista y, en vísperas a la finalización del mandato del gobierno de turno, sea beneficiario de los denominados “pase a planta”. Una práctica hondamente arraigada que genera un círculo vicioso dado que el sucesor político creará burocracias paralelas de contrataciones eventuales por la desconfianza en el personal heredado, a las que terminará reconociendo su carácter permanente antes de concluir su gestión, y así sucesivamente. En estos contextos el concurso, usualmente previsto en la normativa, se transforma en la excepción, y la discrecionalidad se institucionaliza como la regla convencional de contratación en el estado.
La limitación de esta propuesta es que se formula de forma aislada, sin una mirada integral y despojada de medidas complementarias para despolitizar el resto de las decisiones en materia de gestión de recursos humanos, principalmente, en lo relativo a la selección. La iniciativa no ha apuntado a desterrar el corazón del problema: la partidización de las burocracias. Al contrario, la inclusión de la figura del interinato terminará formalizando y consagrando un sistema clientelar que opera fácticamente en la actualidad en la administración central y que, seguramente, se transformará en la única y exclusiva vía de contratación. El espíritu subyacente a la reforma pareciera ser, en parte, la remoción de las barreras legales existentes para poder designar libre y arbitrariamente, violentando los principios de idoneidad e igualdad para el acceso a los puestos públicos previstos en nuestra Carta Magna provincial.
El proyecto reflejaría una auténtica voluntad política reformista y de sincera renuncia a privilegios si, por ejemplo, el gobierno hubiese impulsado la instauración de mecanismos de selección competitivos para el acceso a cargos temporarios o interinos, la profesionalización de los cargos directivos, hoy colonizados por los partidos, la aplicación de una cláusula antinepótica clara y no ambigua como la vigente o la convocatoria sistemática a concursos, los cuales ascienden a tan solo 87 en el lapso de 8 años de gestiones radicales (2017-2025) (Los Andes, 2025).
Con esta propuesta de reforma el gobierno lejos está convocar a la ciudadanía a debatir sobre la burocracia que los mendocinos quieren de cara al SXXI, en su lugar, los invitan a refrendar un modelo de burocracia anacrónico y clientelar que se halla en las antípodas de los principios de eficacia, igualdad y seguridad jurídica sobre los que un servicio civil moderno debiera erigirse.
* La autora es Diputada Nacional Partido Demócrata. Doctora en Gobierno y Administración Pública.
