El apoyo de Estados Unidos resulta clave para consolidar la estabilidad, pero sería un error subestimar la profundidad de los problemas de gestión.
La pobreza urbana descendió del 53% en el primer semestre de 2024 al 32% en el mismo período de 2025.
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NA / DAMIAN DOPACIO Reducir la pobreza a través de la baja de la inflación evidencia la importancia de preservar la estabilidad. Dicho esto, la continuidad en la reducción de la pobreza y el progreso social dependen de fortalecer tanto la gestión técnica como la política en el funcionamiento del Estado, con el fin de avanzar exitosamente en las reformas estructurales.
Recientemente, el INDEC informó que la pobreza urbana descendió del 53% en el primer semestre de 2024 al 32% en el mismo período de 2025. La magnitud de esta caída generó posicionamientos extremos. En cualquier caso, no debe perderse de vista que la tasa de pobreza aún se mantiene por encima de la registrada en 2017 (27%), año previo a la aceleración inflacionaria originada en la crisis cambiaria de 2018.
Un análisis objetivo del fenómeno requiere observar las fuentes de ingresos de las familias más vulnerables. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el trabajo informal constituye la principal fuente para el 30% de los hogares pobres, aportando en promedio el 45% de sus ingresos totales. El empleo formal, en cambio, representa solo el 22%. A ello se suman las transferencias del Estado: jubilaciones y pensiones equivalen al 14% de los ingresos, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) aporta un 11%. El 8% restante proviene de otras fuentes menores.
En un escenario de baja inflación, estas fuentes de ingresos experimentaron importantes mejoras entre el primer semestre de 2024 e igual período de 2025. El salario informal creció un 58% en términos reales; el formal, un 20%; la AUH, un 37%; y la jubilación mínima más el bono, un 15%. Es decir, se verificaron aumentos significativos en las principales fuentes de ingresos de los hogares pobres. Cuando la inflación se acelera, los salarios —especialmente los informales— son los primeros en deteriorarse. Lo contrario sucede cuando la inflación se desacelera: la estabilidad favorece la recuperación de salarios formales y de las prestaciones sociales, pero de manera decisiva impulsa los ingresos informales, que son los más expuestos a la erosión inflacionaria.
Si bien la baja de la inflación representa un logro de altísimo impacto social, la agenda de políticas públicas pendientes es compleja. Se requiere generar condiciones para un crecimiento económico sostenido e impulsar la inserción de los adultos de hogares pobres en el empleo formal. Para ello, es crucial mejorar la educación básica para niños y jóvenes, así como la capacitación laboral de los adultos; modernizar la legislación laboral y las justicias laborales provinciales; priorizar los contratos laborales individuales y empresariales por sobre los convenios colectivos; actualizar la ley de pasantías (vigente desde 2008 y que actualmente dificulta el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo); y unificar los criterios de actualización de créditos laborales y de valoración de daños en el ámbito judicial.
Esta agenda exige reconocer la dimensión del desafío que representa la gestión pública. El apoyo de Estados Unidos resulta clave para consolidar la estabilidad, pero sería un error subestimar la profundidad de los problemas de gestión. El reto técnico de lograr crecimiento económico con desarrollo social es complejo; sin embargo, el mayor obstáculo radica en la capacidad de gestión. La pobreza no se erradica ni con recetas populistas ni con la negación de las dificultades que supone mejorar el funcionamiento del Estado y avanzar en las reformas estructurales.
*El autor es es profesor de la Universidad del CEMA.