La normativa establece la obligatoriedad de RTO para vehículos de mayor antigüedad y prohíbe la transferencia de habilitaciones.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo emitió este lunes el decreto 2371 que establece una revisión de las condiciones para la prestación de diversos servicios de transporte de pasajeros. El objetivo principal de esta normativa es mejorar la oferta de servicios, garantizar la prestación y el acceso, e incrementar la eficiencia y seguridad para los usuarios.
El documento se enmarca en la Ley Provincial de Movilidad 9086, lo que permite a los prestadores una mayor flexibilidad y una gama más amplia de oferta. En ese sentido, la normativa establece límites específicos en la antigüedad de los vehículos, diferenciando según el tipo de servicio:
El decreto también dispone la obligatoriedad de realizar Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) con una periodicidad de 60 días para aquellos vehículos afectados a la prestación de servicios de transporte privado de pasajeros que superen la antigüedad de 10 años.
Esto busca garantizar las condiciones adecuadas de mantenimiento y seguridad de los mismos.
Además, se prohíben las transferencias de permisos, autorizaciones y/o habilitaciones para la prestación de servicios de transporte privado de pasajeros cuya inscripción en los registros correspondientes se encuentre abierta.
Estas medidas, según el documento, buscan modernizar y regular el sistema de transporte provincial, adecuándose a las necesidades actuales y futuras de la movilidad sostenible e integrada.