El Gobierno provincial dispuso el cierre del Fondo de Infraestructura Provincial y la transferencia de sus saldos al FOPIATZAD, creado para financiar obras en zonas con necesidades energéticas.
La medida que tomó Cornejo para financiar obras eléctricas en zonas aisladas de Mendoza
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El Gobierno de Alfredo Cornejo este miércoles oficializó, mediante el Decreto 1217, la decisión de redireccionar el 100% de lo recaudado por la sobretasa provincial al consumo de energía eléctrica al Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD).
La decisión implica un cambio significativo en el destino de un tributo histórico que pagan los usuarios del servicio eléctrico en Mendoza desde 1958, cuando se creó la sobretasa mediante la Ley 2539. Desde entonces, lo recaudado estuvo destinado al estudio y ejecución de obras eléctricas, incluyendo el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Nihuil IV.
Según lo establecido en el nuevo decreto, serán las distribuidoras de energía las encargadas de recaudar estos fondos “por cuenta y orden” del fideicomiso.
Además, se ordena transferir al FOPIATZAD los saldos existentes en el Fondo de Infraestructura Provincial (FIP), que dejó de existir formalmente tras la derogación de su ley constitutiva (6794) en el Presupuesto 2025.
El decreto fue refrendado por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial), Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente), y lleva la firma del propio Cornejo.
El FOPIATZAD fue creado por la Ley 8986 como un mecanismo para financiar obras eléctricas en alta tensión, zonas aisladas y áreas con potencial de desarrollo productivo o necesidades sociales insatisfechas. Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la infraestructura energética a través de un fondo específico, separado del esquema general de financiamiento de obra pública.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el fideicomiso ofrece una “herramienta transparente, eficaz y concreta” para abordar deficiencias estructurales del sistema eléctrico provincial. El objetivo es asegurar el abastecimiento en sectores críticos y acompañar el crecimiento de zonas que requieren inversiones energéticas para desarrollarse.
Asimismo, se instruyó al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) a establecer mecanismos de auditoría y control sobre las transferencias que se realicen al fideicomiso. También se habilitó a todas las áreas del Gobierno provincial a realizar los actos necesarios para implementar la medida.
El redireccionamiento de la sobretasa ocurre en el marco de un proceso más amplio de reconfiguración de los instrumentos financieros del Estado provincial.
En diciembre de 2024, venció el contrato de operación de la central hidroeléctrica Nihuil IV con la empresa Hidronihuil S.A., lo que liberó recursos antes comprometidos a ese proyecto. En marzo de 2025, otro decreto designó a la empresa estatal EMESA como nuevo agente generador de la central en el Mercado Eléctrico Mayorista.
La eliminación del Fondo de Infraestructura Provincial y la transferencia de sus fondos a EMESA y al nuevo fideicomiso son parte de esta reestructuración. El FIP había sido creado en el año 2000 como una herramienta para canalizar recursos hacia la obra pública, pero su estructura quedó obsoleta frente a los nuevos marcos legales y presupuestarios.
La sobretasa provincial al consumo eléctrico se mantiene en un 3% del total facturado y continúa siendo un concepto incorporado en las boletas de luz de todos los usuarios de Mendoza. Ahora, lo recaudado irá directamente al fideicomiso con un destino específico: financiar obras eléctricas prioritarias.
En este nuevo esquema, el Gobierno apunta a focalizar los recursos en mejorar la red de transporte de energía, reforzar zonas vulnerables del sistema y garantizar el suministro en áreas que requieren infraestructura para crecer.