La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue bajo la lupa luego de que se conociera que su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, solicitara adherirse al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, un mecanismo que permite declarar ingresos o activos no exteriorizados previamente sin afrontar sanciones penales tributarias.
Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti presentó la solicitud el pasado 31 de mayo para acogerse a los beneficios previstos en la Ley N° 27.799.
El trámite se realizó pocos días antes de que Adorni deba presentar una nueva declaración jurada patrimonial, con la promesa de ocurrir "antes del Mundial", en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti
Las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.
DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA
Tal como explicó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, la adhesión de Angeletti al régimen no implica una amnistía total ni constituye, por sí misma, una irregularidad. Se trata de un esquema de sinceramiento fiscal que permite regularizar activos e ingresos previamente no declarados, mediante un Régimen Simplificado de Ganancias que elimina ciertas exigencias sobre la justificación de variaciones patrimoniales.
Sin embargo, la decisión cobró relevancia política por el rol que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional. Es uno de los paladines de los discursos oficiales sobre transparencia, reducción del gasto público y combate contra la corrupción, cuestionando a los opositores.
Ocho años entre la actividad profesional y la inscripción impositiva
De acuerdo con la información tributaria, la esposa de Adorni figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 dentro del rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas.
No obstante, la coach ontológica recién formalizó su inscripción en IVA y en el Impuesto a las Ganancias en octubre de 2025, cuando su esposo ya integraba la primera línea del Gobierno nacional y ambos estaban alcanzados por la categoría de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Para los investigadores, ese desfase temporal constituye uno de los aspectos que podrían ser analizados junto con el resto de la documentación patrimonial de la familia.
La constancia emitida por ARCA no detalla montos ni activos regularizados. Esa información permanece protegida por el secreto fiscal.
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York
Gentileza
Las cifras de la familia Adorni que no cierran
La causa judicial analiza diversas operaciones patrimoniales realizadas por la familia Adorni en los últimos años y que no están debidamente justificadas en la declaración jurada del actual jefe de Gabinete y exvocero presidencial.
Entre ellas figura la compra de un departamento en Caballito durante 2025, operación que incluyó un pago de USD 30.000 en efectivo y una hipoteca privada por USD 200.000 otorgada por las vendedoras, según consta en el expediente.
Los investigadores también revisan la adquisición de una mansión en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio habría abonado USD 20.000 en efectivo y acordado una hipoteca por USD 100.000.
A esas operaciones se suman gastos vinculados a refacciones, viajes al exterior (Aruba, Uruguay y España) y compromisos financieros que forman parte del análisis patrimonial que lleva adelante la Justicia federal.