La Cámara de Diputados dio sanción final a la Ley Hojarasca II y, de esta forma, la Legislatura derogó 91 normas antiguas de Mendoza, que se suman a las eliminadas en la primera etapa. El proyecto llegó con media sanción del Senado y constituye la segunda etapa de este proceso de ordenamiento del marco normativo provincial, promovido por la vicegobernadora Hebe Casado.
En total, se derogan 91 leyes con el mismo criterio que en su primera etapa: normas que fueron superadas por legislaciones más modernas u otras que han quedado obsoletas.
En la fundamentación del proyecto se explica que se trata de la “segunda etapa de un proceso integral orientado a revisar y actualizar la totalidad del marco normativo provincial. En la primera etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta el año 1950. En esta oportunidad, el análisis abarca aquellas sancionadas entre 1950 y 1975”.
En ese período se revisaron 172 leyes generales vigentes, “de las cuales se propone la derogación de 91. La elección de este intervalo temporal responde a la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva”, señala el texto.
Además, se agrega que aquellas sancionadas con posterioridad a 1975 “serán objeto de análisis en las siguientes etapas del proyecto”. De hecho, la tercera etapa fue presentada días atrás por las autoridades legislativas.
Entre las normas incorporadas para su derogación se encuentra, por ejemplo, la Ley 3514, que definía una supervisión estatal en la economía privada en la provincia, algo que quedó en desuso al otorgar al Poder Ejecutivo facultades que reflejaban una fuerte intervención estatal en la economía.
Otra ley establecía los días en los que el comercio podía trabajar en la provincia, algo que actualmente está regulado por normas más modernas.
El debate
El diputado Alberto López (UCR) fue el miembro informante y destacó que “el proyecto ha sido estudiado por la comisión pertinente, y no hubo ninguna observación sobre el mismo, ni sobre ninguna respecto del listado de leyes que vienen acá para ser derogadas; así que voy a ser breve y conciso y solicito la aprobación de la derogación de estas normas que ya no tienen sentido de ser”.
Sostuvo López que “la Legislatura, que es quien tiene la responsabilidad de crear las normas, también es quien tiene la responsabilidad de eliminar las normas que han caído en desuso, que ya no tienen sentido en este tiempo; y esto ayuda a mantener un orden normativo”. Atribuyó esto a que las leyes permanecen, pero los “cambios sociales continúan”, por lo que al no aplicarse más ciertas normas, estas “van quedando en desuso”.
En tanto, el diputado José Luis Ramón (CyC) manifestó el voto negativo y sostuvo que “nos hacen creer que la urgencia y la modernización es lo que hace abocarnos a la tarea de comenzar procesos de simplificación de los sistemas de ley y regularizaciones. Es ideológico y político”.
Por su parte, el diputado Germán Gómez (PJ) expresó la postura negativa de su bloque y manifestó que “hay un principio fundamental en materia jurídica que lo que hace es mantener actualizado el sistema de leyes que puede tener una provincia. Ley posterior deroga ley anterior, es un principio romano y hace a la interpretación de qué criterios tienen que seguirse frente a una normativa vieja, a una normativa nueva, o una legislación de la misma jerarquía cuando existan incompatibilidades”.
En tanto, Edgardo Civit Evans (PJA) se abstuvo en la votación.