La vicegobernadora reaccionó a la posible suspensión de las elecciones de convencionales en San Rafael y el PJ acusó al oficialismo de un pacto "Cornejo-La Cámpora".
La vicegobernadora Hebe Casado calentó la campaña por las elecciones en San Rafael. Foto: archivo
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Prensa Gobierno La campaña por las elecciones 2026 tomó temperatura en su recta final, con un duro cruce entre la vicegobernadora Hebe Casado y los legisladores que responden al intendente de San Rafael, Omar Félix. La titular del Senado cuestionó al jefe comunal por la posible suspensión de la elección de convencionales y los peronistas respondieron con un supuesto pacto “Cornejo-La Cámpora”.
Casado se hizo eco del dictamen de Fiscalía de Estado, que cuestiona la realización de la elección de 24 convencionales de San Rafael, a tono con la denuncia impulsada por el diputado provincial José Luis Ramón.
La vicegobernadora posteó la noticia de Los Andes y lanzó un filoso comentario al respecto, dando a entender una presunta maniobra del propio intendente para suspender esas elecciones particularmente, dado un escenario parejo para el oficialismo el próximo domingo, según anticipan las encuestas.
“Cierto señor feudal no quiere figurar como padre de la derrota y mandó a hacer una cautelar. Fin”, publicó Casado en su cuenta de X.
La reacción de los alfiles de Félix no tardó en aparecer y contraatacaron con un supuesto pacto “Cornejo-La Cámpora”, para erosionar al PJ sanrafaelino. A propósito, se trata del único departamento en el que el kirchnerismo enfrenta a un intendente peronista. En Maipú, Santa Rosa y La Paz no presentaron listas.
“Ciertos cortesanos de Cornejo, le regalaron una casa a Nadir (léase Anabel- La Cámpora) para que presentaran una lista para restarle votos al Intendente de San Rafael. Fin. Cornejo = Hebe= socios de La Cámpora. Recontra finnnn”, lanzó el senador sanrafaelino Pedro Serra.
“Buen trabajo como cortesana del feudo cornejista, todos sabemos quien no quiere la autonomía. Sigan repartiendo viviendas a amigos y aliados de la Campora”, apuntó también por su lado el diputado Gustavo Perret.
A las acusaciones sobre entrega de viviendas a “amigos” del oficialismo provincial también se sumaron el presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, y el senador Mauricio Sat (PJ).
Pero el propio Nadir Yassuf salió a dar su versión del supuesto pacto. "La ecuación es clara: una expectativa negativa del oficialismo en la elección + la vocación centralista de Cornejo dan como resultado el freno de San Rafael en su proceso de Autonomía", señaló en las redes sociales el concejal y candidato a convencional constituyente por la lista de La Cámpora, que se llama "San Rafael Futuro".
Y agregó, filoso: "El pacto Félix - Cornejo ya no se puede ocultar. San Rafael no está en marcha, está llena de acuerdos y negocios de dirigentes que piensan en sus intereses personales y no en el futuro de los sanrafaelinos".
Por su lado, el propio diputado denunciante, José Luis Ramón, le respondió a la vicegobernadora: “La cautelar busca evitar un daño institucional irreparable. La autonomía municipal es un valor central y descentralizar es clave para que los municipios crezcan, pero siempre dentro del marco de la Constitución y de las mayorías exigidas. No perdamos el foco de lo importante!”.
Ante esto, Casado respondió: "Excelente diputado. Me parece correcta su cautelar. El que se arrepintió en el camino de llamar a una constituyente, también lo sabía".
La Suprema Corte de Justicia convocó a una audiencia de conciliaciación entre las partes para esta tarde a las 18 horas. Es decir, el denunciante José Luis Ramón, la Municipalidad de San Rafael y el Fiscal de Estado, Fernando Simón, para definir la realización de las elecciones de 24 convencionales municipales.
En caso de no lograr un acuerdo, el máximo tribunal convocará a un plenario para definir si se realizarán o no las elecciones de convencionales.
La acción judicial contra estos comicios fue presentada el 11 de enero, en plena feria judicial, ante la Secretaría de Competencia Originaria del alto tribunal. Ramón interpuso una acción de inconstitucionalidad acompañada de una medida cautelar para frenar la elección de 24 convencionales constituyentes.
El legislador de Protectora sostiene que el proceso debe “reorganizarse” por razones de transparencia y legitimidad. Entre sus principales argumentos, afirma que:
Incluso advirtió que, de no adecuarse el procedimiento al marco normativo provincial, podría abrirse la puerta a conflictos institucionales de mayor escala.
En su dictamen, Fiscalía de Estado consideró que existen elementos que vuelven “prima facie atendible” el planteo de inconstitucionalidad y justifican analizar la suspensión de la elección de convencionales.
Si bien reconoció una “deuda institucional” de la Provincia por no adecuar su Constitución al artículo 123 de la Constitución Nacional, advirtió que esa omisión no habilita a un municipio a autodeterminar su poder constituyente sin un marco provincial.
El organismo centró sus objeciones en tres ejes principales. Primero, señaló que Mendoza aún no reglamentó el alcance de la autonomía municipal, por lo que no existe un marco claro para avanzar en ese proceso.
En segundo lugar, cuestionó que la ordenanza que declaró la autonomía y convocó a la elección habría sido aprobada por mayoría simple en el Concejo Deliberante, cuando —por su trascendencia institucional— debería haberse exigido una mayoría agravada. Incluso equiparó el proceso a una reforma constitucional, para la cual se requieren estándares más estrictos.
El tercer punto fue la falta de una consulta popular previa y la ausencia de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, exigencia prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que podría afectar la vigencia de la norma y su eventual impugnación.
Finalmente, sobre el peligro en la demora, sostuvo que permitir la elección y luego declarar la inconstitucionalidad generaría un daño institucional mayor, por lo que pidió a la Corte una resolución urgente ante la proximidad del acto electoral.
