La medida fue dispuesta por la jueza Eleonora Arenas. El proceso investigaba el desvío de más de $90 millones destinados a viviendas entre 2008 y 2016.
La jueza Eleonora Arenas resolvió el cierre del expediente que investigaba un presunto fraude millonario en la construcción de viviendas sociales. El Ministerio Público Fiscal aclaró que siguen abiertas otras investigaciones.
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Prensa Tupac Amaru La referente de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, junto a otros 22 integrantes de la agrupación cercanos a la dirigente social, fueron sobreseídos esta semana por la Justicia provincial de una causa que investigaba un presunto fraude millonario al Estado provincial vinculado con la construcción de viviendas sociales.
La jueza Eleonora Arenas adoptó la medida tras un pedido del fiscal Juan Ticheli, quien en junio solicitó el cierre del expediente al considerar que la acción penal había prescripto. La imputación por fraude a la administración pública databa de 2019 y, al contemplar un máximo de seis años de prisión, el plazo legal ya había vencido sin que se produjeran avances sustanciales en la causa.
El Ministerio Público Fiscal aclaró que la prescripción “no significa que no haya existido el delito” y señaló que se mantienen otras investigaciones abiertas. Entre ellas, una causa por asociación ilícita que lleva cuatro años sin movimientos y alrededor de 50 expedientes por presuntas estafas contra miembros de la propia organización.
Por su parte, Arenas remarcó en la resolución que la acusación original describía un supuesto esquema fraudulento de desvío de fondos públicos, mediante el cual Rojas y su pareja, Ramón Rodríguez Carreño, habrían “desnaturalizado” el funcionamiento de la cooperativa de trabajo con el objetivo de defraudar reiteradamente al Estado provincial en beneficio propio y de familiares.
De acuerdo con la investigación prescripta, entre 2008 y 2016 se habrían desviado más de $90 millones destinados a programas habitacionales, a través de cooperativas “inexistentes en los hechos” y bajo un sistema de control interno “centralizado, autoritario y estricto”.
El Gobierno provincial había acusado a la organización de manejar de forma discrecional fondos nacionales y provinciales destinados a viviendas y programas sociales. El expediente también mencionaba que la agrupación incorporaba a personas en situación de vulnerabilidad con la promesa de acceder a una vivienda, pero que finalmente eran utilizadas como mano de obra precarizada.
En la misma causa habían sido investigados algunos dirigentes peronistas como el extitular del IPV, Omar Parisi, o el exintendente de Lavalle, Roberto Righi, por supuestos controles ineficaces. Ambos fueron sobreseídos años atrás.
Finalmente, la jueza Arenas fundamentó el sobreseimiento en la prescripción de la acción penal: “Han transcurrido a la fecha los plazos legales establecidos y corresponde dictar el sobreseimiento”, precisó en su fallo.
De esta manera, quedaron desvinculados Rojas, Rodríguez Carreño y otros 21 imputados, entre ellos familiares y referentes barriales. La única excepción fue Dora Rosario Lourdes Oviedo Castro, quien no accedió al beneficio ya que, según indicó la magistrada, “fue condenada en la causa N° P-33.811/17, lo que interrumpió la prescripción solicitada”.
Estafas a miembros de la Tupac: existen alrededor de 50 expedientes en los que se investiga a la organización por supuestamente haber exigido afiliación para acceder a viviendas o planes sociales. Estos casos se encuentran en trámite en primera instancia y podrían escalar a la Corte.
Causa contra Ramón Rodríguez Carreño: la AFIP lo denunció por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias.
Asociación ilícita: un expediente que, según la defensa, permanece sin movimientos desde hace cuatro años.
