La jueza Natalia Lourdes García Olivieri rechazó la medida cautelar presentada por la Municipalidad de Rivadavia para frenar el cierre del servicio de Neonatología y la reestructuración de la Maternidad del Hospital Saporiti. El conflicto continuará ahora a través de la acción de amparo mientras persiste la tensión entre el municipio y el Gobierno provincial.
Rivadavia: la Justicia rechazó la cautelar del Municipio y el conflicto por la maternidad del Saporiti seguirá por la vía del amparo.
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La disputa entre la Municipalidad de Rivadavia y el Gobierno de Mendoza por el cierre del servicio de Neonatología y la reestructuración de la Maternidad del Hospital Carlos Saporiti sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. La jueza Natalia Lourdes García Olivieri rechazó la medida cautelar presentada por la comuna para intentar frenar la decisión provincial, aunque el expediente continuará avanzando a través de la acción de amparo.
La resolución representa, por ahora, un revés para la estrategia impulsada por el municipio encabezado por Ricardo Mansur, que había acudido a la Justicia con el objetivo de detener de manera inmediata el cierre del área de Neonatología y la reorganización del sistema de atención materno-infantil en el hospital departamental.
Según trascendió del fallo, la magistrada consideró que no se encuentran acreditados los requisitos necesarios para dictar una medida cautelar de carácter excepcional. Entre los argumentos expuestos, la jueza señaló que no quedaron demostrados ni el riesgo de un daño irreparable ni los presupuestos legales exigidos para ordenar la suspensión inmediata de la medida adoptada por la Provincia.
De esta manera, la Justicia decidió no hacer lugar al pedido cautelar formulado por la Municipalidad. Sin embargo, el conflicto todavía está lejos de cerrarse. La cuestión de fondo seguirá siendo analizada en el marco de la acción de amparo iniciada por la comuna, donde se discutirá la legalidad y el alcance de la reorganización sanitaria impulsada por el Ejecutivo provincial.
La decisión judicial llegó pocos días después de la audiencia de conciliación realizada en la Justicia Civil, instancia que terminó sin acuerdo entre las partes y que dejó en evidencia la fuerte tensión política e institucional alrededor del tema.
Durante esa audiencia participaron representantes legales del municipio y del Gobierno provincial, en un intento por encontrar una salida negociada al conflicto generado por la reestructuración del servicio de Maternidad y el cierre de Neonatología del Saporiti.
Desde el municipio sostuvieron que presentaron distintas alternativas para intentar mantener operativo el servicio. Entre las propuestas mencionadas, ofrecieron avanzar en la construcción de una sala de Salud Mental y asumir el costo de un anestesista, uno de los argumentos que, según señalaron desde la comuna, habría sido utilizado por la Provincia para justificar la reorganización.
Tras la audiencia, el intendente Mansur cuestionó la falta de avances en las negociaciones y aseguró que no existió voluntad de alcanzar un entendimiento. “Nos dijeron que faltaba un anestesista y el municipio se ofreció a hacerse cargo”, expresó el jefe comunal luego del encuentro judicial.
La falta de acuerdo terminó derivando en la continuidad del proceso judicial y, finalmente, en el rechazo de la cautelar que buscaba suspender de manera urgente la medida provincial.
El conflicto por la maternidad y la neo del Saporiti se convirtió en las últimas semanas en uno de los temas sanitarios y políticos más sensibles del Este mendocino. Desde que se conoció la decisión de reorganizar la atención materno-infantil, hubo cuestionamientos de sectores políticos, trabajadores de la salud y vecinos preocupados por el impacto que podría tener la medida en el acceso a la atención médica de mujeres embarazadas y recién nacidos de la región.
Mientras tanto, el Gobierno provincial sostiene que la reestructuración responde a criterios sanitarios y de funcionamiento del sistema de salud, aunque desde la comuna insisten en que el cierre implica una pérdida de servicios esenciales para el departamento y la zona Este.
Con la cautelar rechazada, el escenario judicial ahora se traslada al tratamiento del amparo, donde la Justicia deberá definir si la reorganización impulsada por la Provincia vulnera derechos o si, por el contrario, puede avanzar bajo los criterios planteados por el Ejecutivo.
Hasta entonces, el conflicto seguirá abierto tanto en el plano judicial como político.