El extitular de ARSAT quedó alcanzado por el levantamiento del secreto bancario y fiscal. Además, la Fiscalía abrió otra causa vinculada a su paso por el ORSNA.
La Justicia ordenó medidas cautelares, levantó el secreto bancario y busca reconstruir el movimiento de fondos de los imputados.
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La situación judicial del extitular de ARSAT, Facundo Leal, se complicó en las últimas horas luego de que la Justicia Federal ordenara la inhibición general de sus bienes, levantara el secreto bancario, fiscal y bursátil y, además, se conociera una nueva imputación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la gestión de Leal al frente de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT.
La resolución alcanza también a otros ex funcionarios y empresarios vinculados a la firma Argentina Logistic Services (ALS), compañía que quedó bajo sospecha por supuestos sobreprecios, contrataciones irregulares y el presunto pago de dádivas a funcionarios públicos.
Entre los alcanzados por las medidas cautelares figuran los mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro, además de otros exdirectivos de ARSAT y responsables de ALS.
La investigación busca determinar si existió un esquema coordinado para favorecer a la empresa privada mediante contrataciones que habrían generado un perjuicio económico al Estado.
Con el levantamiento del secreto de sumario se conoció que el magistrado autorizó el acceso a información bancaria, fiscal y bursátil de los imputados, además de ordenar la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas.
La medida apunta a reconstruir el movimiento de fondos de los investigados y analizar la evolución de sus patrimonios mientras avanza la pesquisa.
Asimismo, la Fiscalía requirió informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y solicitó documentación vinculada a declaraciones juradas patrimoniales, registros fiscales y operaciones financieras.
La resolución también contempla allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y documentación comercial y societaria considerada relevante para la investigación.
Según la hipótesis fiscal, Leal integró junto a Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez un grupo de exfuncionarios identificado en el expediente como la "banda de los mendocinos".
Los investigadores sostienen que los acusados tuvieron intervención directa en contrataciones otorgadas a ALS vinculadas con servicios de transporte, alquiler de grúas y almacenamiento de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT.
Uno de los contratos bajo análisis corresponde a un depósito ubicado en San Fernando, por el que se emitieron al menos 14 órdenes de compra que superaron los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos.
Para la Fiscalía, las contrataciones investigadas habrían incluido invitaciones ficticias, servicios sin justificación operativa, incorporación de conceptos inexistentes y prestaciones que no llegaron a concretarse.
Además, los investigadores cuestionan que la empresa contratada no contaba con las condiciones necesarias para resguardar equipamiento estratégico del Estado.
El tramo más delicado de la acusación apunta a Leal, Boschin y Pagani. Según el expediente, los tres habrían recibido promesas de beneficios económicos por parte de representantes de ALS a cambio de favorecer a la empresa en distintos procesos de contratación.
Las supuestas contraprestaciones habrían incluido dinero en moneda extranjera, pasajes aéreos, puestos laborales y otros beneficios materiales.
La causa tomó notoriedad pública tras los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal, donde la Justicia secuestró 2,4 millones de dólares, documentación y dispositivos electrónicos. En uno de los procedimientos también se hallaron drogas, motivo por el cual el ex funcionario permanece detenido.
Paralelamente, continúa la investigación sobre las valijas que fueron retiradas de un departamento de la Quinta Sección por familiares de Leal horas antes de que ingresara la Policía Federal para realizar uno de los operativos.
Por ese motivo se ordenaron nuevos procedimientos en inmuebles vinculados a su entorno familiar, incluido el estudio jurídico de su ex esposa, Eliana Gudiño, y propiedades ubicadas en barrios privados de Mendoza.
A la investigación por presuntas irregularidades en ARSAT se sumó ahora una nueva imputación impulsada por el fiscal federal Ramiro González ante el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py.
La causa está vinculada al paso de Leal por el ORSNA y apunta a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante su desempeño en ese organismo.
Como parte de la pesquisa, el fiscal solicitó un relevamiento patrimonial de Leal y de otros tres funcionarios, además de requerir información sobre empresas contratistas que obtuvieron adjudicaciones de obras aeroportuarias en distintas provincias.
Entre las firmas bajo análisis aparecen Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, compañías que participaron en proyectos de infraestructura aeroportuaria, algunos de ellos vinculados a Mendoza.
La investigación también incorporó documentación y elementos surgidos de la causa ARSAT, con el objetivo de determinar posibles conexiones entre ambos expedientes.