La justicia mendocina dio un paso decisivo en una causa que ha conmocionado a la zona Este al formalizar la imputación de tres hombres, un padre y sus dos hijos, por delitos de integridad sexual cometidos en un entorno de extrema vulnerabilidad intrafamiliar en Palmira.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se les atribuyó el cargo de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por el Vínculo, tras una investigación que reveló vejámenes sostenidos durante años.
Las imputaciones y el vínculo con las víctimas
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la denuncia principal fue radicada por una mujer de 35 años, quien relató haber sido víctima de abusos desde su adolescencia por parte de sus hermanos y su padre en la localidad de Palmira.
Por estos hechos, la fiscalía imputó formalmente al padre de la denunciante y a uno de sus hermanos como presuntos responsables de los ataques perpetrados contra ella.
Sin embargo, el avance del expediente reveló un segundo escenario de abuso. El otro hermano de la mujer también fue imputado por ser el presunto responsable de abusos sexuales cometidos contra su propia hija menor de edad.
La prueba de ADN y la detención de un policía
Un elemento clave para el avance de las imputaciones fue el resultado de estudios genéticos realizados a un hijo de 10 años de la denunciante. Ante la incertidumbre de la mujer sobre la paternidad del menor debido a los abusos sufridos, se realizaron peritajes que, si bien descartaron al abuelo, señalaron a un miembro del mismo grupo familiar.
Finalmente, el sistema CODIS arrojó una compatibilidad genética que identificó a uno de los hermanos, un hombre de 29 años que se desempeñaba como efectivo en la Policía Rural de la zona Este. El sospechoso fue detenido en un allanamiento donde se le secuestró su arma reglamentaria y equipo oficial.
Tras la formalización de las imputaciones, la justicia determinó medidas diferenciadas. Los dos hermanos fueron trasladados de inmediato a la Penitenciaría Provincial. Mientras que el padre, debido a que tiene 80 años y padece una enfermedad terminal, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los investigadores sostienen que estos hechos habrían ocurrido durante años dentro del núcleo familiar, aprovechando el contexto de indefensión de las víctimas.