La Corte Suprema de la Nación (CSN) desplazó el miércoles a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, que debía expedirse en varias causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.
Mediante una resolución unánime, los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que “Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año”, cuando cumplió 75 años de edad.
En rigor, la Corte recordó que la Constitución Nacional (tras la reforma de 1994) establece que los jueces que alcancen esa edad necesitarán un nuevo nombramiento de la Cámara de Senadores para continuar en el cargo, trámite que deberán cumplir cada cinco años.
“La doctora Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”, apuntó la resolución a la que tuvo acceso este medio.
De esta manera, el máximo tribunal de Justicia ordenó jubilar a la integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, que en las próximas horas deberá definir si se reabren los juicios orales en dos causas clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner, como lo son Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.
En los mencionados casos, los tribunales orales sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar el juicio pero esas decisiones fueron apeladas.
La Corte se expidió a partir de la presentación que realizó la Cámara de Casación Penal el 8 de agosto pasado, para informar que la continuidad de Figueroa dependía de un nuevo aval del Senado. El kirchnerismo intentó discutir el pliego en la Cámara alta pero no consiguió los números necesarios para sesionar.
Figueroa tenía el aval de la Comisión de Acuerdos de esa Cámara pero en las últimas horas analizó pedirse licencia por 30 días hasta que el Senado pueda reunirse a discutir su situación.
La alternativa se evaluó en un encuentro que se realizó el martes, en el que participaron Figueroa, Mariano Borinsky, vicepresidente primero y Daniel Petrone, vicepresidente segundo.
Estaban también los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña. En ese encuentro, Figueroa defendió la posibilidad de tomar licencia hasta que se defina la situación de su pliego al recordar que hubo casos similares, como el de Luis Alberto Imas, del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de CABA, y el de Silvia Mora, jueza del Tribunal en lo Criminal y Correccional 10 de CABA, quienes lograron acuerdo del Senado meses después de haber cumplido los 75 años.
Mientras tanto, la jueza delegó la firma de la presidencia del tribunal en Borinsky, y dejó firmados todos los votos que le quedaban pendientes en causas en las que estaba llamada a intervenir.
Sin embargo, la Corte subrayó en su resolución que no existe “plazo de gracia alguno” para avanzar con la discusión en torno a Figueroa.
“El nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, planteó.
Tras la resolución de la Corte, el miércoles se conoció que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar resultó sorteado para subrogar la vacante que se generó.
El magistrado, actual presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal, compone la Sala II del máximo tribunal penal del país y también integrará entonces, en calidad de subrogante, la Sala I junto a sus colegas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes deberán definir qué sucederá con las causas por corrupción contra Cristina Kirchner.
En Juntos por el Cambio celebraron la definición de la Corte, a través de un comunicado de los integrantes del interbloque en el Senado.
“Un freno a la impunidad para un país ordenado”, se tituló el texto de los senadores del bloque opositor, quienes opinaron que “la Corte Suprema no hizo más que ratificar la vigencia de la Constitución, sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”.
Los legisladores de JPC agregaron: “Lamentablemente, durante todos estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado. Eso perjudicó el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas. Es momento de que el oficialismo deje de lado pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones a los argentinos”.
Seguí leyendo
