La construcción de Portezuelo del Viento abre una grieta entre empresarios

La construcción de Portezuelo del Viento abre una grieta entre empresarios
El titular de la Cámara de Comercio de Alvear, Andrés Vavrik, quiere que se haga el trasvase al río Atuel. / Foto: Ignacio Blanco

Un grupo de cámaras presentó una nota al Gobernador pidiendo la suspensión de la licitación, argumentando inconsistencias económicas y ambientales. Otras entidades, en cambio, defienden la continuidad del proyecto.

Un grupo de empresarios, entre los que se encuentran bodegueros, constructores, industriales, petroleros y comerciantes, le envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez pidiendo que se suspenda la licitación de Portezuelo del Viento. En contraparte, diferentes cámaras se mostraron a favor de la obra y defendieron el avance del proyecto.

Entre las causas que advierten quienes están a favor de suspender la licitación, aparecen la disminución del caudal del río Grande, la falta de trasvase al Atuel, la ecuación de rentabilidad económica negativa, el precio que presentó del único oferente, el impacto en la obra pública provincial, el uso del recurso hídrico no aprovechado y el beneficio para otras provincias.

El Gobierno evitó manifestarse sobre la carta empresaria, pero si dejaron ver su malestar.

La cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear es una de las entidades que adhiere al documento en el que se solicitó la suspensión de la licitación de la mega obra en Malargüe. Entienden que es necesario garantizar la recuperación de los caudales del río Grande, porque la crisis hídrica ya es normalidad en el oasis sur (San Rafael y General Alvear).

“Desde el fallo adverso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el cual perdimos varios metros cúbicos de nuestro cupo en el río ante La Pampa, nunca encontramos que el proyecto planteara un reaprovechamiento del agua que tiene Mendoza en el Río Grande”, contó el titular de la cámara empresaria alvearense, Andrés Vavrik.

“Adherimos porque necesitamos las garantías de que cualquier obra que se realice sobre el río Grande incluya ese aprovechamiento. No podemos prescindir de ese agua con la crisis hídrica que atraviesa Mendoza. Es vital para el oasis sur hacer todo lo que sea necesario para recuperar caudales y salvar un oasis que ya no vive una crisis sino una normalidad que es devastadora, literalmente”, agregó el dirigente.

Por su parte, el titular de la Comercio, Industria y Agricultura de San Martín, Rubén Lisanti señaló que “tal como se ha expresado de manera conjunta entre varias Cámaras empresariales, como integrante de la FEM solicita al Gobierno de la Provincia debatir al respecto, proponiendo que se utilicen los fondos provenientes del resarcimiento que recibe Mendoza por los perjuicios ocasionados por la promoción industrial, para el financiamiento de obras distribuidas en todos los oasis de la provincia”.

En tanto que, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) explicaron que antes han participado en reuniones apoyando la construcción de Portezuelo del Viento, pero que en esta ocasión, debido a los distintos planteos de diferentes áreas y ante la posibilidad de que la obra del dique no se realice, cree necesario buscar otras alternativas como la construcción de otro reservorio hídrico o la inversión en energía eólica. “Eso significaría poner en funcionamiento un parte de la economía de Mendoza”, explicó Adrián Allin, titular del Cecitys.

Entre las entidades que firmaron la nota pidiendo la suspensión de la licitación aparecen además la Federación Agragaria Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Sociedad Rural de San Rafael, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes (Cecim) y la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe), entre otras.

Los que defienden la obra

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), en un documento firmado por su presidente Mariano Guizzo, acompañado por Eduardo Sardi (vicepresidente) y Julio Totero (secretario), explicaron que “es necesario aclarar, ante la confusión planificada, que el trasvase al Río Atuel se va a estudiar en conjunto con el desarrollo de todo el potencial del Río Grande. Portezuelo y el trasvase son dos proyectos distintos, uno no impide el otro”. A esto agrega que es importante destacar que no hay mejor forma de cuidar el agua que regulándola con embalses.

“Mendoza construyó el último hace más de 20 años, nos referimos a Potrerillos, mientras que la provincia de San Juan construyó cuatro en el mismo periodo y duplicó su superficie bajo riego”, indicaron.

Desde la cámara de la metalmecánica también pusieron el énfasis en que “Portezuelo del Viento generará 889 Giga Vatios Hora por año, aproximadamente el 17% de la demanda eléctrica de toda Mendoza. Con una tarifa de 70 dólares por MWh generado, producirá más de 60 millones de dólares en venta de energía por año y unos 9 millones de dólares en concepto de regalías hidroeléctricas. Es decir que en poco más de 11 años, recuperará lo invertido, que son 767 millones de dólares ya que el resto para llegar a los 1.023 millones de dólares los pondrá el Estado nacional”.

Recordaron también que la obra generará empleo directo para más de 6.000 personas durante su construcción, que se transformarán en permanentes por sus encadenamientos futuros. Además, emplearía a unas 1.500 personas en el sector turístico y de servicios.

Por último, destacaron que también incluye la construcción de una línea de alta tensión que permitirá dar energía a proyectos petroleros, mineros o agropecuarios.

En tanto, Federico Pagano, de Consejo Empresari Mendocino (CEM), aclaró que la entidad apoya la construcción de Portezuelo del Viento. “Es un proceso que está ya cerrado y que dio los pasos correspondientes, a fin de sostener la seguridad jurídica y los compromisos asumidos, así como que se haga finalmente la obra y esto haga derrame en el conjunto de la sociedad entendemos debe avanzar. La suspensión sería una nueva dilación de tiempo indeterminado que los únicos perjudicados seremos los mendocinos por una obra no realizada”, apuntó.

Posición intermedia

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial Mendoza (UIM), comentó que dentro de la cámara hay legítimas posiciones a favor y en contra, expresadas no solo por cámaras específicas, sino también por sus asociados. “Atendiendo esta situación particular, la posición es sostener la institucionalidad de los procesos, y la defensa de los marcos normativos y jurídicos a través de los cuales los privados nos relacionamos con el sector público”, declaró.

“La decisión de avanzar o suspender un proceso con todo el camino recorrido hasta ahora, entiendo que excede las opiniones particulares de cualquier sector. Mucho se dijo, se escribió y también se dictaminó en términos administrativos o legales para llegar a este momento. Por lo tanto, entendemos que deberá el gobierno tomar la decisión que considere más apropiada, en los marcos jurídicos e institucionales disponibles. Cualquier resolución alejada de esto, no hará más que alejar inversiones y oportunidades de generación de nuevos emprendimientos”, continuó Badaloni.

“Lo mismo nos pasó con la minería. Se crearon las condiciones con la sanción de una Ley discutida y consensuada con amplia mayoría de los partidos políticos, para después a los 7 días, los mismos que la votaron decidieron derogarla”, cerró el empresario.

Último día para mejorar la oferta

Este es el último día para que el consorcio Malal Hue mejore su oferta presentada para la construcción de Portezuelo de Viento. Diferentes referentes del sector empresario adelantaron que “no habrá una propuesta superadora, porque los costos en dólares han aumentado 8% desde que se presentó la primera oferta”.

De todas formas, desde el Gobierno mantienen buenas expectativas y estiman que el consorcio sí responderá al pedido del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de realizar un “descuento en el precio”, que incluyendo el IVA oscila entre U$S1.070 y U$S1.286 millones, un valor que supera el presupuesto de U$S884 millones.

Originalmente se había establecido al 16 de junio como fecha límite para la nueva oferta, pero luego el Gobierno extendió el plazo hasta el 30 de junio.

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