El Departamento de Justicia anunció que se presentará ante los tribunales de Estados Unidos como “amicus curiae” a favor de Argentina.
Estados Unidos se presentó como amicus curiae apoyando a la defensa argentina por el juicio de YPF.
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El Gobierno argentino sumó un respaldo fundamental en el juicio por la expropiación de YPF: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que intervendrá ante la Cámara de Apelaciones como “amicus curiae”, en apoyo a la posición del país.
Aunque el respaldo no es vinculante, se trata de una señal importante en medio de la disputa judicial que mantiene la Argentina con el fondo Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska. Desde la Casa Rosada celebraron la decisión del Gobierno norteamericano.
Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York suspendió de forma preventiva la entrega de acciones de YPF, que Preska había ordenado como parte de pago de la sentencia de U$S16.000 millones. La medida estará vigente por tiempo indeterminado mientras se analiza la apelación.
La presentación se realizó este martes a través de dos escritos judiciales firmados por los abogados David E. Farber y Benjamín H. Torrance, representantes de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos se anotaron formalmente como “amicus curiae” a favor de la Argentina.
Por el momento, no presentaron sus fundamentos, que se esperan para los próximos días.
Este tipo de figura legal permite a terceros aportar argumentos técnicos en causas judiciales de alto impacto. Si bien el Departamento de Justicia no emitió declaraciones, su intervención busca consolidar la suspensión del fallo mientras continúa el proceso de apelación presentado por el Estado argentino.
Expertos en el tema, los cuales siguen el caso en Washington, mencionaron que “la Corte no tiene ninguna obligación de prestar atención a uno u otro amicus curiae”. Sin embargo, “si tenés al mismísimo gobierno de los Estados Unidos apoyándote es un respaldo de gran magnitud”.
La sentencia, que obliga a pagar una suma millonaria por la expropiación de las acciones de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, pausada de forma temporal. La administración de Milei intenta evitar que se habilite su ejecución antes de que se pronuncie un tribunal superior.
Desde el entorno presidencial señalan que se mantendrá la estrategia judicial hasta las últimas instancias posibles, incluso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, con el argumento de que ejecutar una sentencia parcial podría “provocar un daño irreversible”.