La Justicia de los Estados Unidos convocó nuevamente al Gobierno argentino por el juicio de YPF tras la suspensión del fallo. La audiencia fue fijada para el 29 de julio y será importante para determinar si se autoriza el acceso a documentos solicitados por los demandantes, el punto más sensible.
La jueza Loretta Preska pidió que durante las próximas dos semanas se intercambien escritos para intentar acordar qué información puede compartirse. Casa Rosada descarta cualquier negociación por fuera del plano judicial y aseguran que no entregarán datos que puedan comprometer activos del Estado.
Argentina logró que la Justicia suspendiera el fallo
La Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York suspendió de forma preventiva la entrega de acciones de YPF, que Preska había ordenado como parte de pago de la sentencia de U$S16.000 millones. La medida estará vigente por tiempo indeterminado mientras se analiza la apelación.
Se trata de un freno parcial hasta que la Corte de Apelaciones responda el pedido de Argentina de frenar la sentencia de Preska, mientras es apelada.
Según el documento judicial, los demandantes (Burford) deberán presentar su oposición a la solicitud antes del 17 de julio, y el Estado argentino deberá responder antes del 22 de julio. La decisión final quedará en manos del próximo panel disponible de la Corte.
Qué pasará la próxima semana
El Ejecutivo espera que la Corte de Apelaciones defina la semana próxima si prorroga la suspensión del fallo o si lo rechaza al igual que Preska. No obstante, el Gobierno apelará la solicitud hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de que no le otorguen el plazo definitivo.
Esto se debe a que Nación mantiene su posición de que entregar las acciones sería un daño irreparable para Argentina, debido al rol que tiene sobre el país. Además, aseguran que “no puede ejecutarse una sentencia parcial” cuando el fallo de fondo aún “no fue revisado por el tribunal superior”.
La Procuración del Tesoro de la Nación ya presentó además los primeros documentos para comenzar la apelación de la ejecución de la sentencia que habilita el traspaso accionario.