La Procuración del Tesoro presentó un escrito para suspender el proceso de rastreo de activos (discovery). El Gobierno denunció que los demandantes buscan "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica del país.
Juicio por YPF: Argentina pidió a la jueza Preska frenar el "hostigamiento" de Burford y proteger las reservas de oro.
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El conflicto legal por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos. El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), presentó un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y rechazar el pedido de desacato impulsado por los beneficiarios del fallo, liderados por el fondo Burford Capital.
En el documento elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Estado calificó las acciones de los demandantes como un "hostigamiento sistemático" contra una nación soberana y "aliada de los Estados Unidos", señalando que los pedidos de información son "intrusivos y desproporcionados".
Uno de los puntos del reclamo argentino se centra en la reciente solicitud de Burford sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central (BCRA). Desde la Procuración fueron tajantes al respecto:
El Gobierno denunció que el proceso de discovery, herramienta que permite rastrear bienes para cobrar la sentencia de US$ 16.000 millones, se ha "desnaturalizado", transformándose "en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino".
La defensa argentina contrastó la actitud de la actual gestión con la de gobiernos anteriores: "Durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades. Desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa y cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal".
Asimismo, subrayaron que "el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes".
Sin embargo, advirtieron que los demandantes escalaron sus exigencias hacia pedidos "jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso". Según la PTN, Burford manifestó explícitamente su objetivo de "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica argentina, una conducta que el Gobierno calificó como "inaceptable jurídica y moralmente".
Finalmente, ratificaron que "la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional".