El Ejecutivo presentó en la Suprema Corte de Justicia un conflicto de poderes con el fin frenar la reforma de la carta órganica que pretende realizar San Rafael.
El Gobierno provincial sostiene que solo la Legislatura puede reglamentar el régimen municipal y busca poner un freno al proceso local.
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El Gobierno de Mendoza avanzará este martes con la presentación de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia, en un intento por frenar el proceso de reforma de la Carta Orgánica impulsado por la gestión del intendente de San Rafael, Omar Félix.
La demanda, firmada por la vicegobernadora y titular de la Cámara de Senadores, Hebe Casado y el presidente de Diputados Andrés Lombardi, sostiene que la comuna avanzó sobre competencias exclusivas de la Provincia.
El planteo judicial, al que tuvo acceso Los Andes, solicita que la Corte intervenga de manera urgente para suspender el funcionamiento de la convención constituyente municipal elegida el pasado 22 de febrero, al considerar que fue creada “de facto” y sin habilitación normativa válida.
Además, pide que se declare la nulidad de todo lo actuado por las autoridades municipales en ese proceso.
En el escrito, las autoridades legislativas sostienen que el municipio de San Rafael “usurpa competencias provinciales” al intentar regular por sí mismo el alcance de su autonomía.
Según argumentan, la Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal, pero establece que son las provincias las encargadas de reglamentarla, por lo que ningún departamento puede avanzar de manera unilateral.
“La captación de competencias provinciales para reglar el alcance y contenido del régimen municipal autónomo es la causa de este grave conflicto de poderes”, señala la presentación, que advierte sobre un posible “alzamiento institucional” si el proceso continúa.
En esa línea, el documento remarca que permitir que cada municipio defina su propio esquema implicaría “atomizar el régimen municipal” y generar un escenario de múltiples modelos incompatibles entre sí dentro de la provincia.
La ofensiva judicial se da en paralelo a la estrategia política anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo, quien este lunes confirmó que enviará a la Legislatura un proyecto de enmienda constitucional para incorporar la autonomía municipal en un único artículo.
Según explicó el mandatario, la iniciativa busca “consagrar la autonomía municipal para los 18 departamentos”, pero dejó en claro que cualquier modificación en ese sentido debe pasar por la Legislatura provincial.
“Los presidentes de ambas cámaras van a plantear ante la Corte un conflicto de poderes, porque cualquier modificación sobre la autonomía debe pasar por la Legislatura y la han omitido”, afirmó.
De este modo, el Ejecutivo y el Legislativo avanzan en tándem: mientras se impulsa una reforma para ordenar el marco normativo, se recurre a la Justicia para frenar el caso puntual de San Rafael.
En ese contexto, la vicegobernadora Hebe Casado defendió la presentación judicial y buscó fijar posición frente al debate. A través de su cuenta de X, planteó que el reclamo no apunta contra la autonomía en sí, sino contra la forma en que se intenta implementar.
“Como sanrafaelina defiendo la autonomía municipal. Los municipios deben tener más herramientas para gestionar y tomar decisiones. Pero la autonomía no puede construirse por fuera de la Constitución ni ignorando las instituciones de la provincia”, expresó.
Además, remarcó el argumento central del planteo judicial: “La Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal, pero también establece que corresponde a las provincias asegurar y reglamentar su régimen municipal. Por eso acudimos a la Corte”.
El escrito presentado ante la Corte advierte que, de no intervenir el máximo tribunal, podría generarse un precedente que habilite a otros municipios a avanzar por la misma vía. En ese escenario, la Provincia perdería la potestad de definir un marco común para el funcionamiento de los gobiernos locales.
Por eso, además de pedir la suspensión inmediata de la convención constituyente, las autoridades provinciales reclaman que la Corte “dirima el conflicto de poderes” y ratifique que la regulación de la autonomía municipal es una atribución exclusiva del ámbito provincial.
La decisión que adopte el tribunal no solo impactará en el futuro institucional de San Rafael, sino que podría redefinir el alcance de la autonomía municipal en Mendoza y el equilibrio de poder entre la Provincia y los municipios.
El escrito presentado ante la Corte no solo apunta a frenar el proceso en San Rafael, sino que desarrolla una serie de argumentos para sostener su invalidez.
En primer lugar, plantea que la convención constituyente municipal carece de sustento legal, ya que no existe en el derecho público provincial una figura que habilite a los municipios a ejercer poder constituyente sin autorización previa de la Provincia. En ese sentido, califica el proceso como una creación “de facto”.
Además, cuestiona la legalidad de la ordenanza que dio origen a la reforma, al señalar que no habría contado con las mayorías especiales necesarias ni con la debida publicación en el Boletín Oficial, lo que afectaría su validez.
Otro punto central es que el municipio no puede atribuirse la potestad de dictar su propia carta orgánica de manera unilateral, ya que —según el planteo— carece de poder constituyente propio y debe ajustarse al marco que fije la Provincia.
Finalmente, la demanda advierte que, de no intervenir la Corte, podría generarse un efecto expansivo en otros departamentos, dando lugar a un “mosaico” de regímenes municipales distintos, con impacto directo en el orden institucional de Mendoza.