Sergio Marinelli adelantó que el proyecto normativo ya está redactado, pero será revisado una vez que se concluya la planificación hídrica provincial.
Sergio Marinelli confirmó que ambos proyectos llegarán a la Legislatura recién en 2026, con el objetivo de compatibilizar la estrategia provincial con la reforma normativa.
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El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, confirmó que tanto el Plan Hídrico Provincial como el proyecto de reforma del Código de Aguas se enviarán a la Legislatura en 2026. De esta manera, ambos procesos clave para la gestión del recurso hídrico volverán a postergarse respecto de los plazos originalmente previstos.
El anuncio de la postergación se realizó este lunes, durante la presentación de nueva maquinaria y camionetas adquiridas por Irrigación. Marinelli explicó que la intención es contar con un marco integral que permita ordenar el uso del agua en la provincia y establecer mecanismos para compatibilizar la demanda agrícola, urbana e industrial.
“La idea es generar una nueva ley o algún instrumento que permita que cuando haya que sacar más agua en la cabecera del sistema, que se la estamos sacando a la gente que la usa para uso agrícola, se la devolvamos limpia”, expresó el superintendente.
En este sentido, destacó que el futuro plan y el eventual nuevo código deberán prever instrumentos que aseguren el retorno de agua limpia a los sectores productivos cuando se extraiga más caudal para otros usos.
De esta manera, el Plan Hídrico Provincial y la reforma del Código de Aguas quedarán entre los temas de debate legislativo a partir de 2026, con impacto en la gestión del recurso para las próximas décadas.
El Plan Hídrico se elaboró a partir de un diagnóstico realizado por la empresa israelí Mekorot, presentado en febrero de 2025 al gobernador Alfredo Cornejo y a Irrigación. La estrategia proyecta hasta 2050 la oferta y demanda de agua en Mendoza, incorporando los efectos del cambio climático y la necesidad de inversiones sostenibles.
Marinelli explicó que entre sus ejes figuran la modernización del riego, la mejora en el uso del agua en espacios públicos, la infraestructura hidráulica y la planificación por cuencas.
El financiamiento proviene del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con un esquema que contempla la participación privada: se prevé un aporte anual de 30 millones de dólares, con un retorno de la inversión proyectado a 40 años.
“El masterplan se terminó, que es lo que se hizo con Mekorot. Ese es el insumo con el que se está trabajando, y fue el último convenio que se firmó con el CFI”, señaló Marinelli. Además, precisó que el plan provincial estará concluido en enero de 2026 y que será el gobernador quien defina el momento de su envío a la Legislatura.
El funcionario indicó además que, una vez aprobado el plan general, se avanzará en planes específicos por cuencas, atendiendo a las distintas realidades hídricas de cada región.
“Ya se terminó el diagnóstico, estamos socializando el diagnóstico para tratar de que tenga validación. Es un plan general, provincial, que es un mandato legal de la Ley de Ordenamiento Territorial”, precisó.
A su vez, el superintendente indicó además que, una vez aprobado el plan general, se avanzará en planes específicos por cuencas, atendiendo a las distintas realidades hídricas de cada región. “No es la misma realidad del área metropolitana de Mendoza que la de Alvear, por ejemplo, que solamente es producción agrícola”, ejemplificó.
En paralelo, la reforma del Código de Aguas, que busca reemplazar la ley vigente desde 1884, también quedó supeditada a la finalización del Plan Hídrico. Marinelli detalló que el texto elaborado por consultores ya está concluido y cuenta con observaciones técnicas, pero se evaluará su compatibilidad con el plan antes de avanzar en la Legislatura.
“El Código de Aguas está terminado, tengo las observaciones que me entregó el doctor Mathus, y estamos esperando que termine el plan para ver cuál es la mejor compatibilización”, señaló. Y agregó: “No hay apuro en presentarlo. La idea es que ambos instrumentos se acompañen y no queden desfasados”.
La discusión por un nuevo marco normativo había comenzado en julio de 2024, cuando Irrigación abrió un proceso participativo para recibir sugerencias de distintos sectores.
En ese momento, se había proyectado presentar un anteproyecto en el mismo año, pero las críticas y la falta de consenso obligaron a aplazar el debate para 2025. Ahora, el cronograma se trasladó a 2026.