Las sanciones alcanzaron a un auxiliar, un oficial inspector y un ayudante por abandono de servicio y vinculadas a la tenencia de un vehículo con pedido de secuestro.
Las sanciones alcanzaron a un auxiliar, un oficial inspector y un ayudante por abandono de servicio y vinculadas a la tenencia de un vehículo con pedido de secuestro.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este martes la cesantía de tres efectivos policiales, las medidas sancionatorias fueron emitidas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Los casos se dieron luego de la sustanciación de sumarios administrativos llevados adelante por la Inspección General de Seguridad (IGS).
En los tres expedientes, el Ministerio de Seguridad y Justicia destacó que se cumplieron las instancias previstas en la Ley 6722 de Régimen Disciplinario Policial, que incluyen el pase a revista pasiva, la apertura de sumarios administrativos, la intervención de la Junta de Disciplina y la publicación de citaciones en el Boletín Oficial.
Las resoluciones remarcan además que los sancionados cuentan con un plazo de 15 días hábiles para interponer recursos de revocatoria, jerárquico o aclaratoria, conforme a lo dispuesto por la Ley 9003 de Procedimiento Administrativo.
El primer caso consta de un oficial inspector que fue cesanteado de sus actividades con la sanción sujeta a exoneración en caso de condena penal. La medida quedó establecida en la Resolución 4685-SyJ con fecha del 17 de septiembre de 2025.
La investigación administrativa se inició en 2023, cuando personal de la División Sustracción de Automotores encontró a Carbajal a bordo de una camioneta Ford Ecosport con pedido de secuestro desde 2020.
El rodado presentaba irregularidades: documentación adulterada, cristales cambiados con grabados artesanales y número de chasis correspondiente a otro vehículo.
El efectivo fue imputado en sede penal por encubrimiento con receptación culposa (artículo 277 del Código Penal), aunque la audiencia de acusación no se concretó por incomparecencia.
En el ámbito administrativo, la IGS determinó que el funcionario transgredió los deberes propios de su cargo, al incumplir los procedimientos básicos de actuación policial. Inicialmente, se había sugerido una sanción de suspensión, pero el Directorio de la IGS y luego la Junta de Disciplina recomendaron la cesantía, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta.
El segundo hecho consta de un auxiliar policial que cesanteado tras comprobarse que incurrió en abandono de servicio. La sanción fue dispuesta mediante la Resolución 4634-SyJ del 23 de septiembre de 2025. Además, se ordenó a la Dirección de Administración analizar una eventual restitución de haberes en caso de percepción indebida.
Según el expediente, el efectivo había solicitado una licencia sin goce de haberes por un año, entre julio de 2023 y junio de 2024. Al vencimiento de la misma no se presentó a su lugar de trabajo ni realizó gestiones para su reincorporación. Posteriormente, la Comisaría 23 de Uspallata constató que no residía en el domicilio declarado y que los vecinos tampoco lo reconocían.
Tras varias citaciones publicadas en el Boletín Oficial y la instrucción de un sumario, la IGS concluyó que Salas había abandonado voluntaria y maliciosamente el servicio público de seguridad, configurando la falta prevista en el artículo 100 inciso 3 de la Ley 6722.
Por último, se encuentra un oficial ayudante que fue cesanteado tras comprobarse que no se reincorporó a sus funciones luego de una licencia sin goce de sueldo otorgada entre abril de 2023 y marzo de 2024.
Al vencimiento de la licencia, el efectivo no se presentó a trabajar y la Comisaría 43 de Las Heras constató que ya no residía en el domicilio registrado desde 2021. Tampoco respondió a citaciones enviadas por correo electrónico ni a notificaciones publicadas en el Boletín Oficial.
La investigación concluyó que el agente había incurrido en abandono voluntario y malicioso del servicio, lo que constituye una falta grave según la Ley 6722. La Junta de Disciplina y la Dirección de Asesoría Letrada recomendaron la aplicación de la máxima sanción.
La decisión se formalizó a través de la Resolución 4680-SyJ del 14 de septiembre de 2025. Al igual que en los otros casos, se instruyó verificar si hubo percepciones indebidas de haberes para su eventual restitución.