El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, explicó la reforma de la Ley 9.545 del Fondo Escolar Permanente
El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar
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Prensa Diputados
El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 9.545 del Fondo Escolar Permanente y este lunes lo expuso ante un plenario de comisiones de Diputados. La iniciativa va en sintonía con el plan de construcción de viviendas para docentes que puso en marcha el IPV.
La iniciativa busca ampliar el uso de los recursos obtenidos mediante el remate de bienes decomisados y herencias vacantes para financiar obras de infraestructura y urbanización orientadas a docentes y celadores.
Actualmente, el fondo acumulado supera los 500 millones de pesos gracias a las subastas realizadas en el último año, mientras que hay otros 12 inmuebles en etapa de evaluación para salir a remate.
La Ley 9.545 regula un fondo de financiamiento alimentado por "el remate de las herencias vacantes o de los bienes inmuebles que eran producto de la extinción de dominio, es decir, aquellos bienes que eran tomados de actos de corrupción o de malversación de fondos".
Hasta ahora, la normativa disponía que lo recaudado se destinara únicamente a la construcción y equipamiento de escuelas. Con el cambio propuesto, el Ejecutivo provincial busca diversificar su alcance.
"La idea es que en los futuros remates no sólo vayan a los fines que ya fue creado el fondo, que es la construcción o equipamiento de escuelas, sino también para garantizar operatorias de vivienda para docentes", destacó García Zalazar.
El titular de la cartera educativa explicó además el esquema de trabajo conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): "Nosotros tenemos un convenio marco en nuestro ministerio con el IPV para la convocatoria a propuestas de empresas que quieran hacer construcción de viviendas", señaló el ministro.
Y agregó: "Lo que nos ha pedido el IPV es que si nosotros tenemos un fondo que garantice o que nos ayuda a la urbanización de terrenos o que nos permita el canje de estos terrenos, va a mejorar la cantidad de oferta que vamos a tener en materia de vivienda para todo el territorio provincial".
La meta de la modificación legislativa es "que ese artículo de la Ley 9.545 tenga una extensión para más cantidad de fines y que de esta forma nos permita terminar con toda la convocatoria que está haciendo el IPV a empresas para la construcción de viviendas destinadas al sector docente".
Un diagnóstico inicial realizado por el área educativa reveló la urgencia habitacional del sector.
"Nosotros tenemos un relevamiento a priori que es una encuesta que hay 23 mil docentes o miembros de la comunidad educativa, incluimos también a los celadores, que tienen problemas, ya sea que están teniendo un alquiler o que están con otro tipo de situación de vivienda y que no tienen vivienda propia", detalló el funcionario.
Frente a este escenario, García Zalazar remarcó que "la idea es que podamos ir solucionando paulatinamente y que el IPV, en conjunto con estas nuevas operatorias, pueda todos los años ir dando soluciones habitacionales a este sector que necesita respuestas".
Asimismo, el ministro aclaró cómo será la dinámica de postulación y adjudicación de las unidades: "Siempre la evaluación la hace el IPV, porque el convenio que nosotros tenemos es con la plataforma del IPV quien hace la evaluación de las carpetas de los barrios o de las propuestas de proyectos de barrios o de departamentos", especificó.
Y concluyó: "Siempre la inscripción y después toda la participación del beneficiario es con la plataforma del IPV".
