La iniciativa adapta el procedimiento provincial a la ley nacional. Hoy, cerca de 500 jóvenes cumplen medidas alternativas y 45 están detenidos.
La Provincia busca adecuar su sistema al nuevo régimen nacional, que incorpora la figura del supervisor y prioriza la reinserción social.
Foto:
Imagen generada por IA.
El gobierno de Alfredo Cornejo avanza en la adecuación del sistema judicial mendocino para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y prevé enviar a mediados de agosto a la Legislatura un proyecto de ley integral que adapte la normativa provincial a la Ley Nacional 27.801.
La iniciativa forma parte del proceso de preparación que la Provincia viene desarrollando desde hace meses para la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional, prevista para el próximo 5 de septiembre.
A partir de esa fecha, la nueva legislación será aplicable a los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, mientras que los hechos ocurridos con anterioridad continuarán rigiéndose por la normativa vigente al momento de su comisión.
En la actualidad, cerca de 500 jóvenes se encuentran sometidos a medidas alternativas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil en Mendoza, mientras que otros 45 permanecen privados de la libertad en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), el establecimiento conocido como exCOSE.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo ya comenzó a ser analizado puertas adentro del oficialismo. Según pudo saber Los Andes, el texto fue tema de conversación en las reuniones de bloque de Cambia Mendoza tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde se debatió cuándo podría concretarse su ingreso formal a la Legislatura.
De acuerdo con lo expresado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, la intención es remitir la iniciativa a mediados de agosto para que pueda ser tratada antes o poco después de que entre en vigencia la ley nacional.
"Mendoza tiene un fuero penal juvenil, por lo tanto está avanzada como para asegurar que en Mendoza la responsabilidad de los jóvenes que cometan delitos a partir de los 14 está asegurada", sostuvo Rus al referirse a la situación de la provincia frente al nuevo escenario normativo.
La funcionaria aclaró que la implementación del régimen no comienza ni termina con la sanción de una ley provincial, sino que requerirá un proceso de adecuación institucional y operativa que involucrará a distintos organismos del Estado.
En ese sentido, explicó que el Poder Ejecutivo viene trabajando de manera conjunta con la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del Ministerio de Educación, organismo encargado de intervenir tanto en las medidas alternativas como en los casos de adolescentes privados de libertad.
El proyecto elaborado por el Ejecutivo busca reemplazar la actual Ley Provincial 6.354, que regula el procedimiento penal juvenil, con un nuevo régimen integral adaptado a la legislación nacional.
Para su elaboración, el Gobierno convocó una mesa de trabajo integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y organismos vinculados con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Según explicó Rus, a todos los integrantes se les entregó un borrador para que formulen observaciones antes de la redacción definitiva del texto que será enviado a la Legislatura.
La ministra señaló que la propuesta sigue los lineamientos de la Ley Nacional 27.801, aunque incorpora aspectos procesales propios de la competencia provincial y profundiza algunos mecanismos de intervención estatal.
"No hay que adherir porque la ley nacional es una ley de fondo y rige en todo el país. Lo que estamos haciendo es una ley de procedimiento penal para jóvenes, además de establecer normas sobre la intervención de los distintos organismos provinciales", explicó la funcionaria.
Rus indicó además que la intención del Gobierno es que la norma provincial sea aprobada lo más rápido posible, aunque aclaró que su vigencia no constituye un requisito para la aplicación del nuevo régimen nacional, ya que mientras tanto continuará utilizándose la legislación procesal actualmente vigente.
Uno de los aspectos que destacó la ministra es que Mendoza se encuentra entre las jurisdicciones con mayor grado de preparación para aplicar el nuevo régimen. En este sentido, mencionó que la provincia dispone desde hace años de una estructura especializada para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto desde el Poder Judicial como desde el Poder Ejecutivo.
"Ese sería el concepto: la respuesta penal para los jóvenes que delinquen en Mendoza está asegurada. Ahora hay mucho trabajo por delante, como ocurre con cualquier reforma", sostuvo Rus.
La funcionaria también remarcó que el principal desafío no estará puesto en ampliar la capacidad de alojamiento para menores privados de libertad, sino en fortalecer las herramientas de evaluación, seguimiento y acompañamiento previstas por la nueva legislación.
En ese sentido, explicó antes de reforzar la infraestructura de la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana), prefiere priorizar la incorporación de profesionales especializados para la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas y adecuar distintos dispositivos de intervención.
Uno de los cambios centrales que introduce el nuevo Régimen Penal Juvenil es la incorporación de un amplio abanico de medidas alternativas a la privación de la libertad.
Rus remarcó que la prisión continuará siendo el último recurso y que solamente podrá aplicarse en casos de especial gravedad, como homicidios, abusos sexuales o robos agravados con armas y violencia.
"La ley nueva trae un montón de penas antes de la privación de la libertad", explicó la ministra. Entre esas medidas figuran la obligación de finalizar los estudios, realizar programas educativos o de capacitación, tratamientos médicos o psicológicos, actividades comunitarias y otras alternativas orientadas a la reinserción social.
La Ley 27.801 también incorpora la figura del supervisor especializado, considerado por el Gobierno provincial como una de las principales innovaciones del nuevo régimen.
Se trata de un profesional encargado de realizar el seguimiento individual de cada adolescente sometido al sistema penal, controlar el cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia y elaborar informes periódicos sobre su evolución.
Para Rus, esa figura representa uno de los aspectos más relevantes de la reforma porque busca acompañar al joven durante todo el proceso judicial y también durante el cumplimiento de las eventuales condenas, con el objetivo de reducir la reincidencia y favorecer su reinserción social.
"A mí me interesa un joven que en conflicto con la ley penal no reincida y que pueda salir de ese circuito delictivo como también de los consumos problemáticos", subrayó la funcionaria.
En esa línea, el proyecto provincial incorporaría mecanismos para agilizar intervenciones vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos, permitiendo que el juez penal disponga determinadas medidas cuando los informes técnicos así lo aconsejen.
En paralelo con la elaboración del proyecto de ley, Mendoza firmó recientemente un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación destinado a fortalecer la implementación del nuevo régimen.
El acuerdo permitirá que la Provincia reciba asistencia técnica, capacitación para operadores judiciales, acceso al sistema informático desarrollado por Nación para el seguimiento de los casos y la posibilidad de contar con supervisores especializados cuando resulte necesario.
Según explicó Rus, Mendoza también podrá aportar profesionales para intervenir en causas de competencia federal, en un esquema de cooperación recíproca previsto por la nueva legislación.
Con la elaboración del proyecto de ley provincial, el trabajo de la mesa técnica y la firma del convenio con la Nación, el Ejecutivo busca llegar al inicio de la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil con las herramientas institucionales necesarias para la aplicación de la reforma en Mendoza.
Mientras avanza ese proceso, el texto definitivo aguarda su envío a la Legislatura, donde comenzará el debate parlamentario para adecuar la normativa provincial al nuevo marco legal.
