El diputado de La Libertad Avanza recordó que fue autor de las normas sancionadas en Mendoza y a nivel nacional sobre el uso de teléfonos en penales.
El diputado nacional afirmó que no hay margen para interpretar la normativa y pidió que se aplique en el penal de San Felipe.
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Marcelo Álvarez / Los Andes.
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, se sumó al debate por el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza luego de las declaraciones de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, sobre los controles implementados en el sistema penitenciario y el caso de los presos que aparecieron en una transmisión por streaming.
A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador sostuvo que "los celulares en las cárceles están prohibidos y deben colocarse inhibidores de señal".
En la mismo mensaje recordó que fue autor de las leyes aprobadas en Mendoza en 2012 y a nivel nacional en 2017 que establecen la prohibición del uso de teléfonos móviles por parte de personas privadas de la libertad.
"En el 2012 se aprobó la ley en Mendoza que fue pionera (en el 2017 a nivel nacional) y prohíbe el uso de celulares obligando a colocar inhibidores de señal. Ambas leyes son de mi autoría", escribió Petri.
En la misma publicación, el diputado agregó que "no hay margen alguno de interpretación. No puede haber excusa posible para que no se aplique en la cárcel de San Felipe. Es imprescindible que la ley se cumpla".
Las declaraciones de Petri se conocieron después de que Rus se refiriera públicamente al episodio protagonizado por internos de una cárcel mendocina que participaron de una transmisión por streaming, hecho que derivó en una investigación interna del Servicio Penitenciario.
La ministra explicó que el caso fue detectado mediante una alerta de inteligencia y que posteriormente se realizó una requisa en el módulo donde estaban alojados los internos.
"Se secuestraron celulares, están sumariados y además van a ser pasados a una zona de menos beneficios y más restricciones", afirmó.
Durante la presentación del proyecto de Ley Antiaguantaderos, Rus también brindó detalles sobre las medidas implementadas por la Provincia para reducir la presencia de teléfonos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según indicó, al asumir la gestión existía un registro de unos 16.800 celulares autorizados legalmente que habían pasado por el sistema penitenciario, además de otros dispositivos no autorizados.
La funcionaria aseguró que, a partir de requisas y controles en los ingresos, ya se logró secuestrar alrededor del 70% de ese universo. También informó que actualmente se incautan 16 celulares por día y que, durante la última quincena, los controles evitaron el ingreso de 782 teléfonos a los establecimientos penitenciarios.
Rus agregó que el Gobierno incorporó distintas herramientas tecnológicas para reforzar los controles, entre ellas 300 cámaras en los accesos a las cárceles, el sistema de comunicación Tetra para el personal penitenciario y un sistema portátil de bloqueo selectivo de señales. Además, señaló que se trabaja en una nueva licitación para incorporar inhibidores y escáneres corporales.
En su publicación, Petri vinculó el debate actual con las iniciativas legislativas que impulsó años atrás sobre el uso de celulares en las cárceles.
La primera fue aprobada en Mendoza en 2012 y estableció la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad, además de contemplar la instalación de sistemas de inhibición de señal en los establecimientos penitenciarios provinciales.
Posteriormente, en 2017, el entonces diputado nacional promovió un proyecto de similares características para incorporar esa prohibición a la legislación nacional sobre ejecución de la pena privativa de la libertad.
En su mensaje, el legislador sostuvo que esas normas ya brindan un marco legal para impedir la utilización de celulares dentro de las cárceles y consideró que deben aplicarse en el complejo penitenciario de San Felipe.
La intervención de Petri se produjo después de que se viralizara un video en el que un grupo de internos apareció durante una transmisión realizada por un streamer.
Tras conocerse el episodio, el Servicio Penitenciario inició una investigación interna y realizó una requisa en el sector donde estaban alojados los presos involucrados.
De acuerdo con lo informado por Rus, los internos fueron sumariados, se les secuestraron teléfonos celulares y serán trasladados a un sector con mayores restricciones y menos beneficios dentro del régimen penitenciario.
