El proyecto impulsado por Mercedes Rus establece un marco legal para intervenir propiedades abandonadas vinculadas al delito y recuperar espacios para los vecinos.
La Ley Antiaguantaderos crea un mecanismo para intervenir inmuebles abandonados y devolver esos espacios a la comunidad.
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto de Ley Antiaguantaderos, una iniciativa que busca establecer un marco legal para intervenir inmuebles abandonados o vinculados a actividades delictivas, mediante demoliciones, cerramientos o tareas de recuperación de esos espacios para los vecinos.
La propuesta, que ingresó a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo, apunta a convertir en una política de Estado una serie de acciones que el Gobierno provincial ya viene desarrollando junto con distintos municipios.
Según explicó la funcionaria, el objetivo principal es “proteger al vecino” y recuperar lugares que actualmente son utilizados por delincuentes como refugio, puntos de venta de droga o espacios para ocultarse.
Durante la presentación, Rus señaló que la iniciativa busca darle respaldo legal a las intervenciones que hasta ahora se realizaban a través de una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia y convenios de cooperación con las comunas.
En ese sentido, detalló que ya se concretaron 20 intervenciones administrativas preventivas, de las cuales 13 fueron demoliciones de inmuebles utilizados como “aguantaderos” y el resto correspondió a tareas de tapiado o cerramiento.
“Queremos que esto además sea una política de Estado, queremos que sea ley”, sostuvo Rus, quien explicó que hasta el momento estas acciones se realizaban a partir de una resolución del Ministerio de Seguridad y acuerdos de cooperación con las comunas.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el tratamiento de los inmuebles abandonados desde una perspectiva de seguridad pública, pero también de protección de la propiedad privada. En ese sentido, Rus explicó que antes de cualquier intervención se deberá identificar al titular registral del inmueble y notificarlo.
“Esta ley tiene un primer fin, que es la seguridad pública de los espacios donde estos lugares están abandonados, están en situación de derrumbe y afectan la integridad física de cualquier persona”, explicó la ministra. A su vez, remarcó que la norma también busca “proteger la propiedad al registrar al titular registral”.
Según Rus, en muchos casos se trata de propiedades cuyos dueños se encuentran alejados, no pudieron ocuparse del inmueble o atraviesan situaciones como sucesiones sin resolver. En esos casos, indicó que la intervención estatal busca evitar que esos espacios sean ocupados ilegalmente.
“Evitamos que ese lugar pueda ser usurpado porque si sigue siendo abandonado alguien puede instalarse de manera permanente y eso después es más complicado”, señaló.
La ministra agregó que, en las intervenciones realizadas hasta el momento, los titulares de los inmuebles fueron contactados y, en general, recibieron de manera positiva las medidas adoptadas porque además de evitar problemas de seguridad, los municipios realizan tareas de limpieza y remediación de los terrenos.
El proyecto contempla la articulación entre la Provincia y las administraciones municipales para avanzar con las intervenciones. Rus destacó el trabajo realizado con distintas comunas y mencionó casos en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.
Guaymallén fue señalado por la ministra como el departamento donde se concretó la mayor cantidad de demoliciones, mientras que también mencionó intervenciones recientes en otros puntos, como una realizada en Maipú sobre calle 20 de Junio.
“Logramos avanzar con una coordinación efectiva con los municipios para que ellos recuperen ese lugar también, hagan las remediaciones y puedan devolverlo a la comunidad”, indicó.
Respecto al costo de las intervenciones, Rus explicó que el proyecto establece que los municipios podrían eventualmente trasladar esos gastos al titular registral del inmueble, aunque aclaró que hasta el momento las comunas han realizado las tareas sin cobrar esos costos a los propietarios.
“Hasta aquí los municipios lo han hecho sin trasladar ese costo, eso es importante también porque no le han trasladado directamente el costo al titular”, afirmó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, confirmó que la iniciativa tendrá tratamiento legislativo y que será girada a comisiones para su análisis.
“En la sesión que tenemos en un rato le vamos a estar dando estado parlamentario y seguramente lo vamos a asignar al trabajo en comisiones”, explicó el legislador radical.
Lombardi estimó que el proyecto podría avanzar con rapidez dentro de la Cámara baja. “Estimamos que en alrededor de 15 a 20 días estaremos dándole media sanción para que después la Cámara de Senadores se aboque a su tratamiento”, señaló.
El titular de Diputados destacó además que la iniciativa forma parte de una serie de proyectos impulsados por el Ministerio de Seguridad y Justicia vinculados a la agenda de seguridad provincial, entre los que mencionó también el proyecto de Ley de Ciberseguridad que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.
