Finalmente Suárez envió a la Legislatura la ampliación de juicios por jurado

Hasta ahora sólo contemplaba a los delitos con penas de prisión perpetua, pero ahora sumará a los que tienen castigos de entre 10 y 25 años de prisión, como el homicidio. Proponen que se hagan más de dos procesos de este tipo por mes.

Entrevista al Gobernador de la provincia de Mendoza Rodolfo Suarez en su despacho de la casa de Gobierno.
Entrevista al Gobernador de la provincia de Mendoza Rodolfo Suarez en su despacho de la casa de Gobierno.

El gobernador Rodolfo Suárez presentó el proyecto de ley de ampliación de juicios por jurados en la Legislatura, que contempla la incorporación de otros delitos referidos a abuso sexual seguido de muerte, homicidio y homicidio agravado. En esta iniciativa, el Gobierno venía trabajando desde comienzos del año pasado.

La aplicación de los juicios por jurado en Mendoza está vigente desde 2019 pero en la actualidad solo abarca los delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, que son los que prevén penas de prisión perpetua.

Ahora se sumarían otros artículos. El abuso sexual seguido de muerte, por ejemplo, está abarcado por el artículo 124 del Código Penal y prevé una pena de prisión perpetua. En tanto, el homicidio en ocasión o con motivo de un robo figura en el artículo 165 del Código Penal y tiene penas de 10 a 25 años, mientras que el el homicidio agravado por el uso de arma de fuego figura en el artículo 79 del Código Penal, en función del artículo 41 bis que eleva en un tercio el mínimo y máximo de la escala penal.

Desde que arrancó, se han realizado 29 juicios bajo este instituto en la provincia. Según el Gobierno, con la ampliación de este procedimiento a otros delitos se estima aumentar el promedio mensual de un juicio por jurado a 2,5 en el mismo período de tiempo.

Para ello, mediante un decreto, el gobernador convocó a una comisión de expertos en Derecho Penal y, en especial, en juicios por jurado, coordinados por el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, e integrado por miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, una abogada de la matrícula, senadores y diputados.

Según informó el Ejecutivo, el criterio de los especialistas para incluir estos delitos en el proyecto es la progresividad de la pena desde mayor a menor gravedad.

Además el Gobierno dice que se trabajó en base a estadísticas del Poder Judicial para saber cuántos juicios más podía soportar el sistema, para evitar colapsos en la logística que requiere.

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