Los fondos Petersen y Eton Park presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que la Argentina sea declarada en desacato, al considerar que el Estado incurrió en demoras en la entrega de pruebas clave para el proceso.
Los fondos Petersen y Eton Park presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que la Argentina sea declarada en desacato
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La batalla legal por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York. Los fondos Petersen y Eton Park presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que la Argentina sea declarada en desacato, al considerar que el Estado incurrió en demoras en la entrega de pruebas clave para el proceso.
La estrategia de los demandantes se centra en un presunto incumplimiento en la etapa de recopilación de pruebas. Según sostienen, la Argentina no habría entregado la totalidad de los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores requeridos por la corte estadounidense.
Sobre este punto, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el litigio, señaló en su cuenta de X que durante este jueves “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la jueza Loretta Preska de que la Argentina está en desacato con la corte”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Ante la supuesta falta de cooperación, los fondos solicitarán que la magistrada evalúe la aplicación de distintas medidas, entre ellas sanciones económicas adicionales, presunciones adversas —es decir, que la Justicia dé por probados hechos que los correos electrónicos podrían haber demostrado— y la fijación de cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de la información reclamada.
Desde el Gobierno nacional rechazaron los argumentos que serán presentados por los demandantes. De acuerdo con Maril, la posición oficial es que “Argentina ha cumplido con las órdenes de la jueza Preska”. En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados que representa al país advirtió que la eventual aplicación de sanciones en esta etapa sería prematura y vulneraría el derecho a defensa del Estado soberano.
Más allá de la discusión por la entrega de correos y documentación, el trasfondo de la presión judicial apunta a la búsqueda de activos embargables. Los fondos demandantes intentan demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como un “alter ego” del Estado argentino.
Si lograran probar esa acusación, podrían obtener un argumento favorable para que la Justicia estadounidense habilite el avance sobre cuentas y bienes de esas entidades con el objetivo de cobrar la sentencia multimillonaria derivada del juicio por la expropiación de YPF.