La senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida como ley de etiquetado frontal.
La senadora Unión por la Patria defendió la ley sancionada en 2021 y aseguró que el Gobierno retomó argumentos impulsados por las grandes cadenas alimenticias.
La legisladora de Unión por la Patria afirmó que no existen fundamentos científicos para eliminar la normativa y defendió su impacto en los hábitos de consumo.
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Prensa Senado La senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida como ley de etiquetado frontal.
En dialogó con Los Andes, la legisladora nacional aseguró que los argumentos utilizados por el Ejecutivo “son los mismos” que planteaban las grandes cadenas alimenticias durante el debate parlamentario de 2021.
Fernández Sagasti, quien fue una de las autoras de la norma junto al exdiputado nacional de la UCR, Julio Cobos, defendió la legislación sancionada hace cinco años y afirmó que su elaboración estuvo basada en evidencia científica y en experiencias internacionales.
“Nosotros nos basamos en argumentos científicos y en lo que había sucedido en Chile, Perú y México cuando implementaron sus respectivas leyes”, sostuvo la legisladora mendocina.
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto que propone eliminar completamente la ley vigente. El texto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
La normativa actual obliga a que alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías exhiban sellos negros de advertencia en sus envases. También establece restricciones a la publicidad dirigida a menores y limita la comercialización de productos con sellos en establecimientos educativos.
La senadora rechazó los argumentos oficiales vinculados a una supuesta caída del consumo por efecto del etiquetado frontal y negó que la ley perjudique las exportaciones alimenticias.
“Dicen que con esta ley vamos a trabar las exportaciones alimenticias al Mercosur y es completamente mentira. No hay ningún informe que lo pueda demostrar”, aseguró.
También vinculó la baja en el consumo de determinados productos con la situación económica y la pérdida de poder adquisitivo. “La familia saca estos productos porque no llega a fin de mes, no por un octógono en un paquete”, sostuvo.
Fernández Sagasti señaló además que existen informes de organismos internacionales que muestran impacto en los hábitos de consumo de la población. “Hay informes de la OPS o de Unicef que señalan que los argentinos ven los octógonos de los productos antes de consumir”, afirmó.
Según expresó, eso demuestra que la ley “ha hecho efecto” en la población a la hora de elegir productos más saludables. La legisladora también remarcó que el sistema de etiquetado incentivó cambios en la industria alimenticia.
“Esto también es una muestra para que las marcas mejoren sus productos y así evitar enfermedades no transmisibles como la diabetes o la hipertensión”, indicó.
En ese sentido, señaló que algunas empresas comenzaron a promocionar alimentos destacando la eliminación de sellos de advertencia en sus envases.
Por otro lado, cuestionó que el Gobierno nacional haya avanzado directamente con una derogación total de la norma en lugar de impulsar modificaciones parciales. “Si tuviera rigor científico lo que plantea el Gobierno, entonces hubiera propuesto cambios en la ley antes de querer derogarla”, afirmó.
Finalmente, Fernández Sagasti consideró que detrás de la iniciativa oficial existe presión de sectores empresarios. “Es evidente que el lobby empresarial ha vuelto a reclamar con fuerza para bajar esta ley”, sostuvo.
En el mensaje enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo argumentó que la ley vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”. Entre los fundamentos incluidos en el proyecto, el Gobierno sostiene que:
Además, el Ejecutivo planteó que el actual esquema incrementa costos vinculados a producción, empaquetado y comercialización de alimentos. El proyecto propone directamente derogar la Ley 27.642 y establece que la medida entraría en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
En declaraciones a Los Andes, Julio Cobos también cuestionó el proyecto del Gobierno y aseguró que la ley de etiquetado frontal “es una ley de defensa al consumidor” orientada a la prevención sanitaria.
“La salud comienza por la nutrición, por lo que comemos”, sostuvo el dirigente radical.
Cobos consideró que el mensaje enviado por el Ejecutivo contiene “frases armadas por las cámaras empresariales” y remarcó que la ley demandó alrededor de cinco años de discusión parlamentaria.
No obstante, aclaró que la normativa “es perfectible” y que está abierto a discutir modificaciones. “Bienvenida toda discusión para mejorarla y perfeccionarla”, expresó, aunque rechazó una derogación total de la ley.
El exvicepresidente también vinculó la iniciativa oficial con otras medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia sanitaria, como la salida de la Organización Mundial de la Salud y los recortes presupuestarios en Salud.