El proyecto guiado por el oficialismo modificaría la Ley de etiquetado frontal para reducir advertencias sobre alimentos y habilitar campañas con influencers.
La Ley de Etiquetado Frontal. En 2021, el proyecto de hexágonos negros fue impulsado por los mendocinos Julio Cobos y Anabel Fernández Sagasti.
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El Gobierno nacional avanza en una reforma profunda de la Ley de Etiquetado Frontal que podría modificar de manera significativa la imagen de los alimentos en las góndolas argentinas y reabrir -al abandonar el uso de los hexágonos negros- uno de los debates más intensos entre salud pública, consumo e industria alimenticia.
La administración de Milei prevé enviar al Congreso un proyecto para reducir el tamaño de los octógonos negros que alertan sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías. Además, busca flexibilizar las restricciones publicitarias y permitir la utilización de celebridades, deportistas, influencers y personajes animados en envases y promociones de alimentos y bebidas.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger y apunta a modificar parte del espíritu original de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, aprobada en 2021 e implementada desde 2022.
Hoy la normativa obliga a incluir sellos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Los octógonos deben ocupar al menos el 5% de la cara principal del envase y también existen restricciones publicitarias para productos dirigidos a niños y adolescentes.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la legislación vigente dejó a las empresas argentinas en desventaja frente a otros mercados regionales. Una de las comparaciones más utilizadas desde el oficialismo es la imposibilidad de utilizar figuras deportivas internacionales en envases locales, mientras que en países como Brasil sí está permitido.
En el ultimo año, tal como publicó EconomiaSustentable.com, la lista de productos que fueron abandonando los hexágonos sin cambiar su formula, entre otros, incluyó distintas líneas de quesos, yogures, postres lácteos, chocolates, embutidos y hamburguesas.
La reforma también incluiría una revisión de los criterios técnicos utilizados para definir cuándo corresponde aplicar los sellos de advertencia. Se propone avanzar con una "armonización" de los etiquetados vigentes en algunos de los países del Mercosur con el argumento de que fijar un estándar común flexibilizaría el comercio entre países.
En Mendoza, desde la Dirección de Defensa del Consumidor se había destacado la Ley de Etiquetado Frontal como promotora de una alimentación saludable y protectora de los derechos de los consumidores, porque les ayuda a tomar decisiones más informadas sobre sus opciones de consumo.
Incluso sectores productivos ligados a la vitivinicultura, frutas secas, alimentos regionales y bebidas analizan cómo podrían cambiar nuevamente las condiciones de comercialización si prospera la flexibilización impulsada por la Casa Rosada. El trabajo involucra a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y a la Secretaría de Comercio.
La discusión no es nueva. Durante el tratamiento parlamentario de la ley, distintas cámaras empresarias advirtieron sobre posibles pérdidas de competitividad frente a países del Mercosur. Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) cuestionaron diferencias regulatorias respecto de otros mercados.
Sin embargo, organismos de salud, asociaciones de consumidores y especialistas en nutrición defienden el esquema actual. Desde el Gobierno de Mendoza, Defensa del Consumidor definió a la Ley de Etiquetado Frontal como "una herramienta de avanzada" para brindar información clara y promover hábitos alimenticios más saludables.
Un estudio realizado en Mendoza por investigadores de la Universidad Juan A. Maza analizó cambios en hábitos de consumo y percepción social tras la implementación de los octógonos.
La industria vinculadas a conservas, golosinas, bebidas, productos regionales y alimentos procesados debieron adaptar envases, reformular productos y modificar estrategias de negocio tras la implementación de la ley.
A fines de 2024, el Ejecutivo ya había introducido modificaciones técnicas mediante una disposición de la Anmat que cambió parte de los criterios para calcular nutrientes críticos. En paralelo, se eliminaron trámites administrativos vinculados a declaraciones juradas y excepciones.
La discusión promete instalarse otra vez en el centro de la agenda pública. Y Mendoza, con una matriz alimenticia diversa, no quedará al margen del impacto debido al peso de la industria alimenticia en su economía.