La semana pasada la Oficina de Ética Pública volvió a ser noticia por la sanción económica que le impuso al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, por haber omitido propiedades en la primera declaración jurada que presentó.
La oficina no tiene empleados propios y su presupuesto es muy acotado. Un proyecto opositor volvió a poner el foco en su estructura. Recomendaciones de una fundación.
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La semana pasada la Oficina de Ética Pública volvió a ser noticia por la sanción económica que le impuso al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, por haber omitido propiedades en la primera declaración jurada que presentó.
Pero también un proyecto de ley de La Unión Mendocina para transformarla en una Oficina Anticorrupción, puso en tapete las limitaciones que presenta el órgano de contralor más joven de la Provincia, que desde el 2018 cumple la función de requerir las DDJJ de bienes de funcionarios públicos y asegurar que se cumpla el derecho de acceso a la información pública, vehiculizando los pedidos de informes que ingresan para las diferentes instituciones.
Una de estas limitaciones, reconocida por el propio auditor general Gabriel Balsells Miró, es la falta de trabajadores “propios”. Es que solamente su cargo, electo por el Senado por un período de 5 años, es reconocido y pagado como tal.
El resto de los 11 empleados, incluidos los directores, son agentes “prestados” de otras dependencias: nueve figuran dentro de la órbita de la Cámara de Senadores y otros dos pertenecen al EPRE y Fiscalía de Estado, respectivamente.
Por citar un ejemplo concreto, el Director de Investigaciones Administrativas, Sebastián Giordano, quien aplicó la sanción a Mingorance, figura como empleado del EPRE “en comisión” para la Oficina de Ética Pública.
El presupuesto de la oficina se encuentra enmarcado dentro de la partida general de la Legislatura y para el ejercicio 2025 se aprobó el envío de $13.070.624 (la mayoría la absorbe el sueldo del auditor). Muy lejos de otros órganos de contralor como el Tribunal de Cuentas, que percibe más de $9 mil millones, o Fiscalía de Estado que dispone de $7 mil millones.
Balsells Miró puso el foco en este concepto al presentar el presupuesto el año pasado y solicitó a los legisladores que analicen cambios para transferir a los empleados que se desempeñan en la oficina. Finalmente no sucedió nada de eso.
“Pido que este año no tengamos que depender de estos convenios, más allá de la buena voluntad que han tenido los organismos. Les pido que analicen la transferencia de personal, pero en realidad son transferencias de partidas, no la creación de nuevas”, contó el exlegislador en ese momento.
Entre otras limitaciones expuestas, se remarcó que no tienen vehículos propios, ni tampoco celulares para los funcionarios. Solo un teléfono en común para toda la Dirección de Registro e Informática que debe “atender a las más de 7 mil personas que necesitan asesoramiento y las inquietudes del acceso a la información pública”. La oficina funciona en el exBanco Mendoza, en el antiguo anexo del Senado provincial.
Desde el oficialismo hay opiniones distintas sobre esto. “No lo tomamos como un reclamo, en general todos los organismos defienden y piden más presupuestos para tener más holgura en su funcionamiento, pero lamentablemente hay un presupuesto limitado en la Provincia”, señaló una importante fuente de la Legislatura, ante la consulta de Los Andes.
Mientras que otras voces radicales admitieron que se trata de un “reclamo válido”, que implica modificar organigramas de personal al momento de presentar el proyecto de Presupuesto anual.
No solo del ámbito político surgen cuestionamientos a esta situación, desde la Fundación Nuestra Mendoza que lidera Facundo Heras, en su Informe de Transparencia Activa 2024 se planteó el reclamo de “dotar de más presupuesto a la OIAyEP para poder cumplir con lo que la Ley exige” y "trabajar un sistema de subrogancia del auditor de la OIAyEP (hoy le pasa algo al auditor y no hay subrogancia)”.
El senador provincial de LUM, Germán Vicchi, admitió que la Oficina de Ética Pública significó “un avance importante” y reconoció la labor de sus empleados, pero cuestionó que al ser prestados de otras dependencias, “no tienen estabilidad en el trabajo que realizan”.
Además planteó que no están exentos de “presiones políticas”, al pertenecer a otras instituciones. “¿Quién se va a animar a dictaminar contra un funcionario que no presenta una DDJJ o que omite información cuando se trate del mismo organismo del que depende?”, criticó el senador.
La idea de su proyecto es lograr esa “estabilidad” y transformar el órgano de contralor “en una oficina con verdadero extrapoder, que sea independiente y tenga autonomía financiera, administrativa y pueda determinar su presupuesto”. Vale decir que el ingreso a la Oficina será por concurso, según su proyecto.
También se destaca el cambio en la designación del auditor general. Vicchi propone que sea elegido por el voto de los dos tercios del total de Senado, a diferencia de la mayoría simple actual, "previa convocatoria a concurso público de antecedentes y oposición, por un período de cinco (5) años, con posibilidad de una sola reelección".
En su propuesta, se requiere para el cargo, edad entre 30 a 65 años y profesión de abogado, contador público nacional o Licenciado en Administración Pública “con al menos 5 años de ejercicio”.
“No poseer actividad ni afiliación política, partidaria o sindical durante los 5 años previos a su nominación para el cargo. Estas restricciones se aplicarán durante todo su mandato”, resalta también la norma, para diferenciarse del caso puntual de Balsells Miró que dejó su cargo de legislador en 2018 y fue propuesto ese año por el gobernador Alfredo Cornejo como auditor.
El senador diferenció también que la oficina “actúa ante una denuncia puntualmente y nosotros entendemos que siempre tiene que investigar y aplicar las denuncias penales que corresponden y se tiene que constituir en querellante” de causas de posible corrupción, con esta iniciativa.
Desde Cambia Mendoza, la presidenta del Interbloque Natacha Eisenchlas, minimizó la idea de que se “mida el éxito en función de las denuncias penales” que puedan surgir a través de la oficina y planteó la “gravedad” de que el senador acuse que “trabaja partidariamente”.
“Si tuviera seguridad sobre esto, debería denunciarlo y hacer una presentación más seria que plantearlo a través de un proyecto de ley o declaraciones mediáticas”, sostuvo.
Y manifestó que “si no fuera una oficina independiente políticamente, no habría sancionado a muchos funcionarios de todos los partidos, incluido el oficialismo”.
“El Auditor de la Oficina de Ética Pública fue designado por el Senado, como cualquier cargo de relevancia de la Administración Pública, lo cual habla de un estatus de calidad institucional altísimo”, completó Eisenchlas.
En el primer trimestre de 2025, la Oficina de Ética recibió 311 pedidos de informes, de los cuales se respondieron 234 y en “plazo de gestión legal” se encuentran 68. Mientras que a otros 9 se les venció el plazo de contestación.
“En este trimestre se han denunciado 15 incumplimientos, que puede ser porque no se respondieron, o porque quien solicitó, opina que no está bien respondido. Se denunció menos del 5%”, informaron desde la oficina a este diario.
Desde la Fundación Nuestra Mendoza pidieron que se implementen en este año las medidas necesarias para que la ciudadanía pueda acceder, desde la plataforma, a todas las DDJJ presentadas por los diferentes sujetos obligados y no sólo a la última como se lo hace actualmente.
Además, plantearon que es necesario “evitar, sin excepción, que la DDJJ de cualquier sujeto deba ser solicitada por nota”, como sucede actualmente que la oficina les avisa a sus empadronados.