Marcelo Romano, fue electo en San Carlos, denunció que le impidieron ingresar al recinto y anticipó que llevará el caso a la Justicia para impugnar la sesión.
El abogado ambientalista, Marcelo Romano, no pudo jurar y acusó al oficialismo de violar la normativa vigente.
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La jornada de asunción de concejales en San Carlos terminó envuelta en conflicto. Marcelo Romano, edil electo por Provincias Unidas, no pudo ingresar al Concejo Deliberante y quedó impedido de jurar su banca, en medio de un fuerte cruce con el oficialismo local.
El dirigente denunció que se le bloqueó el acceso al recinto y apuntó directamente contra el Ejecutivo municipal.
Según relató, la restricción alcanzó incluso a otros concejales electos: “No nos dejaban pasar si no teníamos un precinto”, afirmó, y cuestionó ese requisito al tratarse de una sesión pública.
En esa línea, en diálogo con Los Andes, Romano reforzó sus críticas y sostuvo que se incumplió la normativa vigente. “El artículo 64 de la ley 1079 dice que las sesiones son públicas. Había que tener un precinto para entrar, de hecho no me dejaban entrar a mí”, planteó.
El exlegislador también cuestionó la conformación de la Comisión de Poderes, encargada de validar la documentación de los ediles. Según explicó, se dejó afuera a integrantes que debían participar y se armó una comisión a medida del oficialismo. “La integraron caprichosamente con tres concejales, con una mayoría automática. Ahí violaron la segunda parte de la ley”, afirmó.
Romano sostuvo además que durante el debate se le exigió acreditar el cumplimiento de la inhabilitación, punto que rechaza. “Me decían que hasta que no demuestre que la inhabilitación terminó no podía asumir. Pero una cosa es la pena y otra el cómputo, que no está firme”, argumentó.
En su reconstrucción de los hechos, también cuestionó los tiempos institucionales de la sesión. Señaló que los concejales asumieron antes del inicio formal de sus mandatos, que comienzan el 1 de mayo, y consideró que todo el procedimiento tuvo como objetivo impedir su incorporación al cuerpo.
A esto sumó sospechas sobre el avance de su situación judicial en paralelo con la asunción. Romano indicó que en las últimas horas se activaron movimientos en la Justicia provincial vinculados al cómputo de la pena y deslizó que existió influencia política en ese proceso.
El trasfondo del conflicto está atravesado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme la condena en su contra por atentado a la autoridad agravado, con una inhabilitación por 20 meses para ejercer cargos públicos. Ese punto es el que el oficialismo considera determinante para impedir su asunción.
Romano, sin embargo, insiste en que sus derechos políticos fueron vulnerados y anticipó que llevará el caso a los tribunales. “Vamos a ir a la Justicia y vamos a impugnar la sesión”, advirtió, al tiempo que volvió a responsabilizar al oficialismo por lo ocurrido.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante avanzó con la jura del resto de los concejales electos y quedó conformado sin la presencia de Romano, al menos hasta que haya una definición judicial sobre su situación.
