Marcelo Romano debe asumir este jueves en el Concejo Deliberante, pero la confirmación de su condena obliga al cuerpo a tomar una definición sobre su futuro.
La asunción de los nuevos concejales en San Carlos, prevista para este jueves, tendrá un foco inevitable en la situación de Marcelo Romano. El abogado ambientalista, electo por Provincias Unidas, fue convocado para jurar, pero la reciente confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone en duda su incorporación efectiva al Concejo Deliberante.
Romano obtuvo su banca en las elecciones legislativas de octubre, donde Provincias Unidas se ubicó en tercer lugar con el 12,28% de los votos, lo que representó 2.696 sufragios.
El triunfo en el departamento fue para la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, que superó el 30%, mientras que en segundo lugar quedó Nuevos Rumbos, con alrededor del 14%.
Ese resultado definió un reparto de bancas 2-1-1-1 entre las fuerzas que compitieron, configurando el nuevo esquema del Concejo Deliberante. Desde este jueves, el cuerpo quedará integrado por Sebastián Garro y Agustina Testa —quien renovó su mandato— por el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; Daniel Biscontin por Nuevos Rumbos; Adrián Nahim por el Partido Justicialista; y Romano por Provincias Unidas, en caso de que pueda asumir.
A ellos se suman los concejales que continúan en funciones: por Cambia Mendoza, Daniela Sancho, Janet Salinas y Juan Manuel Gallerani; por Nuevos Rumbos, Diego García; y por Provincias Unidas, Ariel Granados.
El escenario institucional, sin embargo, está atravesado por la situación judicial de Romano. La Corte Suprema dejó firme la condena en su contra por atentado a la autoridad agravado, en un hecho ocurrido en 2019, cuando era senador provincial.
La pena incluye 10 meses de prisión condicional y una inhabilitación especial por 20 meses para ejercer cargos públicos.
Pese a ello, el propio Romano sostiene que está en condiciones de asumir. En diálogo con Los Andes, el dirigente aseguró: “He recibido solo el cómputo de la pena y lo que plantea el oficialismo está mal porque la Justicia, que está secuestrada por Alfredo Cornejo, persigue a los políticos opositores con causas armadas”.
En la misma línea, remarcó que cuenta con la documentación necesaria para asumir: “Tengo el certificado de buena conducta actualizado y la notificación para que me presente a la asunción del día jueves”.
Además, cuestionó la interpretación del oficialismo: “No es válido lo que plantean porque todavía no tengo antecedentes penales, ya que la condena no está firme”.
Romano también confirmó que se presentará en el acto: “Yo voy a ir a asumir mi banca como concejal porque la gente me votó y acá en San Carlos nos conocemos todos”.
En este marco, el rol institucional del Concejo Deliberante será clave. La Comisión de Poderes deberá analizar la situación en función de la documentación presentada y del alcance del fallo judicial. Allí se definirá si el exlegislador provincial puede efectivamente incorporarse o si queda impedido, al menos de manera temporal.
Desde el oficialismo, en cambio, la lectura es distinta. Consideran que la condena ya está plenamente vigente tras la decisión de la Corte Suprema y que se trata de una medida que excede al ámbito del Concejo Deliberante.
En ese sentido, entienden que, como cualquier ciudadano, el dirigente del Partido Verde debe cumplir la sanción impuesta y que el cuerpo legislativo no debería habilitar una situación que implique eludirla.
De todos modos, reconocen que se trata de un caso inédito para el Concejo sancarlino y que todavía no hay una definición tomada. La situación será evaluada en el ámbito institucional correspondiente, donde se analizará la documentación presentada y el alcance del fallo judicial antes de resolver si Romano puede o no asumir su banca.
Por otra parte, apuntó contra el funcionamiento interno del Concejo Deliberante: “En la Comisión de Poderes presenté toda la documentación en tiempo y forma. Lo que pasa es que quieren hacer valer su mayoría automática pasando por arriba de la ley de municipalidades”.
Y agregó: “El Concejo no cuenta con asesor letrado, con lo cual no hay una firma legal que pueda respaldar lo que se acuerde en la comisión o en la sesión”.
Mientras tanto, en Provincias Unidas cierran filas en respaldo a su dirigente y rechazan las objeciones, interpretándolas como maniobras políticas. Desde ese espacio insisten en que si hubiera existido una incompatibilidad legal, su candidatura no habría sido habilitada.