El Gobierno de Alfredo Cornejo intervino a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, luego de denuncias presentadas por socios, bomberos y aspirantes que señalaron irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
La medida se tomó tras detectar una serie de irregularidades en la asamblea de 2024 y hasta hostigamiento. Se designó una coadministradora que actuará junto a la Comisión Directiva por seis meses.
La medida se tomó tras detectar una serie de irregularidades en la asamblea de 2024. Se designó una coadministradora que actuará junto a la Comisión Directiva por seis meses.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo intervino a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, luego de denuncias presentadas por socios, bomberos y aspirantes que señalaron irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
La medida quedó formalizada en el Decreto 1999, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Según el documento, las denuncias apuntaron a deficiencias en la asamblea celebrada en octubre de 2024, tales como padrón desactualizado, falta de cobro de cuotas desde 2014, impedimento de tratar temas propuestos por los socios y un sistema de listas no previsto en el estatuto.
También se cuestionó la aprobación de balances sin control y se denunció hostigamiento a miembros disidentes. Tras analizar la situación, la Dirección de Personas Jurídicas consideró que correspondía declarar la ineficacia de la asamblea de 2024 y dispuso una coadministración.
La Comisión Directiva rechazó estas acusaciones y defendió la validez de la asamblea, alegando que el padrón fue aprobado en tiempo y forma, que la asamblea contó con presencia notarial y fiscalización estatal, y que las sanciones aplicadas respondieron a cuestiones disciplinarias.
La medida establece que la conducción de la institución será compartida entre la Comisión Directiva y una coadministradora con derecho a veto, designándose para este cargo a Mónica Beatriz Elías.
La intervención tendrá una duración inicial de seis meses y podrá extenderse si persisten las irregularidades. Durante ese período, la entidad deberá regularizar la presentación de balances, actualizar el padrón de asociados y convocar a una nueva asamblea para elegir autoridades, todo bajo supervisión de la coadministración.
El decreto también advierte a la Comisión Directiva que el incumplimiento de estas medidas podrá derivar en sanciones más severas, incluida la intervención plena de la asociación.