El Gobierno de Milei presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca impedir la aprobación de normas sin respaldo económico.
La administración libertaria busca evitar "despilfarro" económico dentro de su política “déficit fiscal cero”. En caso contrario, los funcionarios podrían enfrentar penas de hasta 6 años.
Javier Milei no negocia el superavit fiscal y evitará todo aquello que atente a su política.
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NA / Juan Vargas El Gobierno de Milei presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca impedir la aprobación de normas sin respaldo económico.
La iniciativa enviada al Congreso establece que ninguna ley podrá sancionarse en Argentina “sin financiamiento asegurado” y prevé “penas de hasta seis años de prisión” para los funcionarios que las apliquen en violación de la norma.
El proyecto, denominado “Ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria”, fue girada este lunes por la noche junto al Presupuesto 2026 y deberá ser tratado por las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
El proyecto establece las normas para la aprobación de las iniciativas a fin de que todas tengan el correspondiente financiamiento y fija que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”.
Uno de los datos más destacados del proyecto son las sanciones severas que aplica a los funcionarios nacionales: fija que será reprimido con uno a seis años de prisión quien violare las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
También se habilita al jefe de Gabinete a poder utilizar un mecanismo de ajuste para evitar poner en riesgo el equilibrio fiscal.
Al respecto señala que “si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°, el Jefe de Gabinete de Ministros adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio”.
Además la iniciativa establece que cualquier ley que “autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.
Determina que quedarán exceptuadas de esa obligación, las leyes donde se asegura el financiamiento “mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado”.
También establece que todas los proyectos previo a su tratamiento en comisión deberá tener como un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo que será elaborada en el caso de las iniciativas del Gobierno por el ministerio de Economía y de las legislativas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de iniciativas legislativas.
Otro punto es que fija que cualquier norma dictada en violación a las disposiciones previstas de esta ley será declarada nula.