En el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de allanamientos que sacudieron los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Justicia investiga una presunta red de lavado de activos tras los allanamientos en la sede de la calle Viamonte. El empresario teatral tiene prohibida la salida del país luego de un intento de fuga a Uruguay.
Tras los allanamientos a la sede de AFA encontraron un contrato que otorgaba comisiones de 30% a una empresa vinculada a Javier Faroni
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En el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de allanamientos que sacudieron los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante los operativos, ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, los investigadores secuestraron un documento clave: un contrato de exclusividad con la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, que establecía una comisión del 30% por la gestión de cobros y pagos en el exterior.
El documento, firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, designó a la firma con sede en Florida, Estados Unidos, como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera de la Argentina. Según los registros analizados, la empresa habría recaudado más de 260 millones de dólares para la entidad desde finales de 2021, lo que habría generado honorarios estimados en al menos 78 millones de dólares.
Además del 30% sobre ingresos comerciales, el acuerdo estipulaba que TourProdEnter LLC embolsaría un 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de logística, como traslados y alojamiento de la Selección Nacional. La Justicia investiga si este esquema permitía que fondos institucionales legítimos fueran derivados hacia una estructura financiera de difícil trazabilidad.
La fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC impulsan la causa, que también pone el foco en la financiera Sur Finanzas PSP S.A.. Se sospecha que esta red utilizaba figuras con "perfiles económicos incompatibles" para administrar montos millonarios, funcionando posiblemente como prestanombres. En este contexto, el juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Faroni, su esposa Erica Gillette y otros allegados, habilitando el acceso a registros bancarios en Estados Unidos.
Como parte de la misma trama judicial, se reveló el valor real de una mansión en Pilar vinculada a autoridades de la AFA. Aunque fue declarada por 1.8 millones de dólares, peritajes oficiales determinaron que su valor supera los 20 millones de dólares, incluyendo una flota de 54 vehículos de lujo, un helipuerto y un complejo de spa.
La situación procesal de Javier Faroni se complicó tras ser interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay. A pesar de que pesaba sobre él una restricción de salida del país, el empresario intentó viajar con los pasaportes de su familia; tras ser notificado, habría descartado su teléfono celular.
Por su parte, la AFA emitió un comunicado donde defendió la legalidad del contrato, asegurando que el vínculo con TourProdEnter LLC no recibió observaciones previas por parte de tribunales nacionales o internacionales. No obstante, la Justicia continúa reconstruyendo la ruta del dinero para determinar los beneficiarios finales de estas operaciones transnacionales.
"La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que, en el día de la fecha, se realizaron requerimientos judiciales por orden del Juez Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025 caratulada 'Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303, denunciante Auriga League S. A.', tanto en la sede de la calle Viamonte como en el Predio de Ezeiza", señalaron.
También resaltaron que se han puesto "nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada".