El acuerdo con la Nación prevé desembolsos en tres tramos para mejorar la gestión financiera provincial.
El acuerdo con Nación busca ordenar la ejecución presupuestaria en un contexto de menor recaudación.
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Noticias Argentinas El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este miércoles la firma de un acuerdo de financiamiento con el Estado Nacional que, según el Ejecutivo provincial, le permitirá fortalecer la administración de los recursos provinciales, mejorar los plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones previstas para el ejercicio 2026.
El acuerdo se inscribe en el esquema de anticipos financieros habilitados por la normativa nacional, vinculados a la coparticipación federal de impuestos.
La medida se da en medio de una estrategia financiera que la Provincia viene sosteniendo para afrontar un contexto de menor recaudación. A comienzos de abril, el Ejecutivo provincial concretó una colocación de títulos de deuda en pesos por más de $446.000 millones en el mercado local, con el objetivo de refinanciar vencimientos.
Sumado al anticipo de coparticipación por $325.000 millones acordado con la Nación, Mendoza accede a un volumen de financiamiento cercano a los $800.000 millones. Este esquema combina herramientas de mediano plazo, como la emisión de bonos, con mecanismos de corto plazo orientados a mejorar la liquidez del Tesoro provincial.
La medida quedó establecida a través del Decreto N° 775, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba el Convenio Marco suscripto el 17 de abril entre la Provincia y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.
Según se detalla en el documento oficial, Mendoza accederá a un anticipo financiero de hasta $325.000 millones, que será desembolsado en tres tramos a lo largo del año: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto.
El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, por debajo de las tasas de referencia del mercado financiero. A modo de comparación, la tasa activa cartera general del Banco Nación se ubica en torno al 26,4%, lo que posiciona al acuerdo como una herramienta de financiamiento en condiciones más favorables para la Provincia.
En cuanto a la devolución, el convenio establece que el capital será reintegrado en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026, mientras que los intereses serán cancelados una vez finalizado el pago del capital. La operatoria se realizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables.
Desde el punto de vista normativo, el decreto remarca que este tipo de instrumentos no se considera deuda pública provincial, en la medida en que se trata de obligaciones de corto plazo que deben ser canceladas dentro del mismo ejercicio fiscal, conforme a lo establecido por la Ley de Administración Financiera provincial.
El acuerdo forma parte de una estrategia de administración del Tesoro provincial orientada a mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto y a aprovechar condiciones de financiamiento más convenientes.
En este sentido, los fondos estarán destinados a distintos objetivos. Por un lado, permitirán mejorar los plazos de pago a proveedores, especialmente en aquellas reparticiones que registran niveles de deuda superiores al promedio, lo que contribuiría a reducir costos financieros asociados.
Por otro, se busca adelantar inversiones estratégicas, particularmente aquellas que cuentan con financiamiento previsto de organismos multilaterales de crédito, evitando demoras vinculadas a procesos administrativos.
Además, el esquema apunta a cubrir desfasajes estacionales entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil durante el primer trimestre del año, en línea con la evolución de la actividad económica.
Otro de los destinos previstos es el sostenimiento del sistema de transporte público, con el objetivo de mitigar el impacto transitorio del aumento de costos en el sector, asociado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo.
El convenio se enmarca en las facultades que tiene el Estado nacional para otorgar anticipos financieros a las provincias sobre su participación en impuestos coparticipables. Estas herramientas permiten a las jurisdicciones gestionar su liquidez dentro del mismo ejercicio fiscal sin recurrir a endeudamiento de largo plazo.
En ese sentido, el decreto provincial subraya que la utilización de estos instrumentos forma parte de una política de prudencia fiscal, orientada a sostener el equilibrio de las cuentas públicas y optimizar la gestión financiera.
Con este acuerdo, Mendoza busca reforzar su capacidad de administración del Tesoro en un escenario económico marcado por restricciones en la recaudación y mayores exigencias sobre el gasto público.
A comienzos de abril, la Provincia avanzó con una colocación de títulos de deuda en el mercado local que superó ampliamente las previsiones iniciales. El Gobierno buscaba captar alrededor de $75.000 millones, pero el nivel de ofertas fue significativamente mayor y permitió adjudicar más de $446.000 millones, en una operación que, en ese momento, "sorprendió a todos" los miembros del Ministerio de Hacienda.
La emisión se estructuró en dos instrumentos en pesos ajustados por CER, a 24 y 36 meses, con tasas del 7,99% y 8,50%, respectivamente. Ambos títulos se orientaron a refinanciar vencimientos previstos para este año y los próximos, en el marco de una estrategia de “roll over” que apunta a extender plazos y mejorar condiciones financieras.
Desde la cartera que encabeza Víctor Fayad señalaron que la operación concentró el interés en instrumentos de mediano plazo, en línea con la decisión de evitar financiamiento de corto plazo en el mercado.
“Esta acción es una gran señal de confianza del mercado a la fortaleza fiscal de la provincia”, expresaron desde el cuarto piso de Casa de Gobierno una vez que anunciaron la operación. Además, destacaron que Mendoza logró condiciones de financiamiento por debajo de otras jurisdicciones.
Esta herramienta se articula con el anticipo de coparticipación acordado con la Nación, que cumple un rol complementario al cubrir necesidades de liquidez en el corto plazo. En conjunto, ambas vías le permiten a la Provincia acceder a recursos por cerca de $800.000 millones en un escenario de menor recaudación.