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Se trata de una modalidad delictiva ha ido en aumento en los últimos años y en el 2021 se registró el pico máximo siendo los departamentos de Lavalle, Maipú y Tunuyán los más afectados.
“El kilo de cobre tiene un precio superior a los 2.000 pesos, cada transformador puede contener hasta 100 kilos de ese metal. Muchos robos se realizan en zonas rurales, por lo que gran cantidad de productores se ven afectados, ya que se quedan sin servicio eléctrico y riego tecnificado”, explicó la autora del texto Mercedes Rus.
Entre los perjuicios, el más significativo es el que sufre el usuario-cliente que se encuentra impedido de contar con el servicio hasta que se logra reponer el transformador y se repara el daño. Los más perjudicados son principalmente clientes vinculados a zonas rurales, donde utilizan la energía para el riego agrícola.
“Sin ir más lejos, el año pasado debido a un robo de transformadores, se vio en problemas el hospital Lencinas poniendo en riesgo de forma potencial el servicio de ese centro de salud. Lo mismo sucedió con el hospital Notti”, explicó la senadora.
Según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa durante el período 2021-2022, se contabilizaron 308 robos y 174 tentativas.
Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 Kg de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de “mercado ilegal”, una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $ 199.500.000 y el operativo $39.900.000 aproximadamente.
Mercedes Rus sostuvo que “la ley es prescriptiva, pero ordenatoria respecto al mercado”. De esta manera, aseguró que lo que se busca es “prevenir” y “ordenar lo que es el mercado de la compra y venta de cobre”.
Además, mencionó que tras la aprobación deberá establecerse “un registro y una serie de certificaciones que tienen que ver con la trazabilidad del origen lícito del mismo”.
Así los que se dedican a esta actividad, se deberán registrar ante el Ministerio de Seguridad, organismo que se encargará de sistematizar el proceso de una manera sencilla, logrando un abordaje más integral. “Quienes no cumplan con la norma, se les aplicarán severas sanciones”, aseguró la senadora.