La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que habilita a los ciudadanos a aportar material audiovisual como herramienta para sancionar infracciones de tránsito.
La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto de ley que impulsó el senador German Vicchi (Pro) para denuncias viales.
El uso del celular, está entre las infracciones más frecuentes de los conductores argentinos.
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La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que habilita a los ciudadanos a aportar material audiovisual como herramienta para sancionar infracciones de tránsito.
El proyecto, impulsado por el senador Germán Vicchi (PRO), fue aprobado con 31 votos de los diputados de Cambia Mendoza y sectores de la oposición, como el Partido Verde. Mientras que el peronismo lo rechazó con 4 votos y la kirchnerista Valentina Morán se desmarcó con una abstención.
La normativa incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial, permitiendo que cualquier persona envíe material audiovisual que advierta infracciones a través de canales digitales oficiales, como sitios web institucionales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
El material tendrá carácter de “comunicación ciudadana”, sin constituir una denuncia formal ni otorgar fe pública sobre su autenticidad o integridad.
No obstante, la autoridad podrá excluir del sistema aquellos registros que no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios de falsedad.
Cuando existan datos suficientes, la Autoridad de Aplicación podrá remitir el material al Juzgado Vial competente, acompañado de un informe preliminar, sin validar su contenido. Luego, los juzgados analizarán la información y determinarán los pasos a seguir.
Entre los fundamentos, se señala que el control estatal resulta insuficiente frente a la extensión de las rutas y que la participación ciudadana puede mejorar la prevención, reducir infracciones y contribuir a disminuir accidentes de tránsito.
Además, se destaca el uso masivo de teléfonos celulares con cámaras, lo que permite generar registros audiovisuales que pueden servir como evidencia.
Desde el oficialismo, el radical José Manuel Vilches aseguró que la iniciativa apunta a la prevención y no a la recaudación, al tiempo que promueve la participación ciudadana en la seguridad vial.
Sostuvo que se propone incorporar “el artículo 122 bis, en la ley n° 9024” que trata fundamentalmente sobre “el aporte que pueden hacer los ciudadanos que tengan registros donde se adviertan posibles infracciones a la Ley de seguridad vial".
"Particularmente, creo que es muy importante y necesario que toda la comunidad, que todos los habitantes, hagamos un aporte por la seguridad, especialmente involucrando a los vecinos en las cuestiones que hacen al buen desarrollo de las comunidades”, sostuvo.
Asimismo, sintetizó que esta propuesta “va a redundar en beneficios a la propia comunidad, a la sociedad”, en un contexto en el que “el promedio de tasa nacional de muertos por accidentes de tránsito es de 9.9% cada 100.000 habitantes”, aunque en Mendoza es menor, ya que “se alcanza un total de 7.8%” por cada 100.000 habitantes.
En la misma línea, Cintia Gómez (PRO) afirmó que la ley moderniza el control vial y aclaró que no implica sanciones automáticas, ya que la última palabra la tienen los juzgados viales. Por su parte, Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) respaldó el proyecto al considerarlo un aporte para reducir accidentes causados por imprudencias.
El diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) acompañó la iniciativa, aunque planteó la necesidad de garantizar mecanismos de validación y seguridad jurídica frente a nuevas tecnologías.
Basó sus palabras en la necesidad de “credibilidad en las instituciones, ese vínculo con la política entre el ciudadano y el Estado” y en pensar en “todos los resortes necesarios que deberían estar contemplados para dar la garantía que, ante nuevas herramientas que pueden llegar a surgir, como la inteligencia artificial u otras, den seguridad jurídica sobre el acto final que ese organismo público va a
En contra, el justicialista Germán Gómez advirtió que la medida podría sobrecargar al Estado con denuncias y cuestionó su viabilidad, al sostener que la solución pasa por educación y concientización vial.
Gómez manifestó que “se va a sobrecargar al Ministerio de Justicia y Seguridad con otras cosas. El control lo debe realizar el Estado”, y añadió que “vamos a habilitar con esta Ley la posibilidad de que a diario se ingrese material a los municipios, y/o a la autoridad de aplicación, que sería en este caso el Ministerio de Seguridad, una cantidad enorme de hechos, de situaciones, que luego hay que zarandearlas y verificar el grado de verosimilitud, y si las mismas constituyen alguna infracción vial”.