Este proceso podría tardar entre 18 y 24 meses. La Comisión Europea lamentó el envío del acuerdo al TJUE para que lo revise.
El Parlamento Europeo frena el acuerdo UE–Mercosur y lo envía al Tribunal de Justicia.
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El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. En la práctica, la medida paraliza el proceso de ratificación y podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años, a la espera del dictamen judicial.
El acuerdo fue firmado el sábado pasado, tras 26 años de negociaciones, y abrió de inmediato su fase de ratificación. La Comisión Europea había optado por una arquitectura jurídica que permite avanzar primero con un acuerdo comercial interino, cuya aprobación requiere únicamente el consentimiento del Parlamento Europeo, dado que la política comercial es competencia exclusiva de la UE. En cambio, el acuerdo de asociación completo, que incluye capítulos políticos, exige además la ratificación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros y de los países del Mercosur.
Este miércoles 21 de enero, el Parlamento aprobó una moción que cuestiona si el texto recién firmado respeta los tratados de la UE. La iniciativa salió adelante por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. El planteo pone bajo la lupa la validez del mecanismo de reequilibrio del acuerdo, que algunos eurodiputados consideran potencialmente lesivo para la autonomía regulatoria europea, y la base legal que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin aval de los parlamentos nacionales.
El TJUE estima que este tipo de opiniones suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que puede priorizar un pedido si las circunstancias lo requieren.
Algunos legisladores habían advertido que la votación sería muy ajustada y desaconsejaron judicializar el proceso, en medio del escenario internacional tenso por amenazas arancelarias de Donald Trump y las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia.
Desde el Ejecutivo comunitario lamentaron el envío del acuerdo al TJUE. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento", afirmó Olof Gill, portavoz de la Comisión.
En la misma línea, Jörgen Warborn (PPE) consideró que llevar el texto al tribunal es un "movimiento político para retrasar" un tratado que, sostuvo, impulsaría el PIB europeo en una magnitud que duplicaría el impacto negativo de eventuales aranceles de EE.UU.
Por su parte, la líder socialdemócrata Iratxe García defendió el acuerdo como respuesta estratégica frente a las acciones de Washington y llamó a profundizar el multilateralismo. Desde los Verdes, Bas Eickhout respaldó la consulta al TJUE y preguntó: "¿Qué os da miedo de consultar al tribunal?".