El oficialismo anuló el concurso aprobado en 2025 para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y busca un perfil alineado con sectores contrarios a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Vilma Bedia (senadora) y Nicolás Mayoraz (diputado), designados presidente y vice de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes. (archivo)
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gentileza El bloque de La Libertad Avanza (LLA) avanzó con la anulación del concurso que había designado a la abogada María Paz Bertero como titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A la vez, el oficialismo habilitó el inicio de un nuevo proceso de selección en el Congreso.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión generó fuertes cuestionamientos de la oposición. En ese marco, la medida reactivó la disputa política por el perfil ideológico que deberá ocupar el organismo encargado de proteger los derechos de menores en todo el país.
Bertero, especializada en violencia de género y reconocida por su postura favorable a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), había sido seleccionada mediante concurso público impulsado durante 2025 y contaba con aprobación de la Cámara de Diputados.
Siguiendo a la citada Agencia, dentro del oficialismo consideran que la conducción de la Defensoría debería quedar en manos de una persona identificada con sectores “pro vida” y cercana a posiciones contrarias a la legalización del aborto.
La postulación de Bertero había sido aprobada junto a dos defensores adjuntos con 156 votos afirmativos en Diputados, además de 44 rechazos y seis abstenciones. Sin embargo, tras las elecciones legislativas y la renovación parlamentaria, el control de la comisión bicameral encargada del tema pasó al Senado, donde el oficialismo logró consolidar una nueva mayoría.
La nueva conducción de la comisión quedó en manos de la senadora libertaria Vilma Bedia, acompañada por los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz. Todos están vinculados a sectores religiosos cristianos y críticos de la IVE.
El argumento formal utilizado por LLA fue que el concurso venció por el cumplimiento del plazo máximo previsto en el reglamento interno de la comisión, fijado en 180 días.
Por su parte, Mayoraz sostuvo además que durante la gestión anterior existieron presuntas irregularidades administrativas, entre ellas problemas en la documentación, ausencia de firmas y falta de transparencia en las evaluaciones realizadas.
Desde el peronismo y otros bloques opositores rechazaron la decisión. Además advirtieron que la terna seleccionada debía continuar su tratamiento legislativo en el Senado en lugar de ser anulada mediante una resolución interna.
La senadora Juliana Di Tullio aseguró que el proceso ya había avanzado institucionalmente luego de la aprobación obtenida en Diputados. También cuestionó la legalidad de la medida impulsada por el oficialismo.
Pese a las objeciones, LLA logró imponer su mayoría dentro de la comisión bicameral y habilitó formalmente una nueva convocatoria para cubrir el cargo. La resolución fue aprobada con cinco firmas libertarias y el acompañamiento de la diputada del PRO Victoria Huala, quien votó de manera diferente a la postura que había sostenido su espacio político durante el año pasado.