Se trata del juez penal Sebastián Sarmiento, denunciado por mal desempeño en cinco hechos por un diputado de Cambia Mendoza. El caso más resonante fue la liberación anticipada de un homicida que luego asesinó al excomisario Héctor Pelayes.
El Jury de Enjuiciamiento debió votar nuevamente sobre la situación del juez penal Sebastián Sarmiento. Foto: Prensa Poder Judicial.
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Después de varios meses de espera, el Jury de Enjuciamiento decidió iniciarle un juicio político al juez penal Sebastián Sarmiento, denunciado por mal desempeño de sus funciones por el diputado de Cambia Mendoza, Franco Ambrosini, en calidad de defensor de la familia Pelayes.
La votación del Jury, que se dio de forma secreta en el Salón de Acuerdos del Poder Judicial, resultó dividida en 13 votos a favor del proceso y 8 en contra.
De esta forma, Sarmiento quedó suspendido de sus funciones como juez penal colegiado y cobrará el 50% de su sueldo hasta que culmine el juicio, donde se resolverá sí es destituido o continúa en el cargo.
Sarmiento había sido denunciado por el diputado Ambrosini, en calidad de defensor de la familia Pelayes. Se trata de los familiares del excomisario Héctor Pelayes, quien fue asesinado por un condenado por homicidio a quien el magistrado le había dado la libertad anticipada.
El legislador le imputó al juez cinco hechos que estaban a tono con las críticas públicas que el gobernador Alfredo Cornejo lanzó sobre él, acusándolo de “garantista”.
Después de conocerse la decisión del Jury, en contacto con Los Andes, Ambrosini comentó que la familia Pelayes esperó con mucha expectativa esta definición y que "es otro paso, no es una victoria ni mucho menos".
"Estamos expectantes, el lunes me constituí como acusador y tengo entendido que se me aceptó. En el juicio seré acusador junto al Ministerio Público Fiscal", confirmó Ambrosini.
Ahora, tanto el juez Sarmiento como la querella serán notificados del inicio del debate y según establece el Artículo 24 de la ley de Jury de Enjuiciamiento, "se abrirá la causa a prueba por un plazo de treinta (30) días a fin de que las partes examinen las actuaciones en Secretaría y ofrezcan la prueba que producirán en el debate".
"Las pruebas versarán sobre los hechos conducentes y el Jury, sin recurso alguno, podrá desechar las que fueren improcedentes, manifiestamente impertinentes, superabundantes o que se consideren inconducentes a los fines específicos del enjuiciamiento", agrega la ley.
Además, siempre que "estuvieren de acuerdo y el Jury lo acepte, las partes podrán manifestar que se conformaran con las lecturas de las declaraciones, pericias o informaciones agregadas".
Posteriormente, vencido el plazo de pruebas, el Presidente del Jury deberá fijar un día y hora para el debate público "con intervalo no menor de diez días ni mayor de 30 días", ordenando la citación de todas las personas que deban comparecer, bajo apercibimiento de ser conducidas con el auxilio de la fuerza pública, agrega la ley.
Teniendo en cuenta los escasos días hábiles que le quedan al 2025 y la feria judicial de enero, la parte probatoria cruzará hasta febrero. Con el plazo "no menor" de díez días que establece la ley, el juicio podría ser convocado a mediados de marzo del 2026 recién.
El Jury de Enjuiciamiento está compuesto por 21 integrantes: los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales.
A diferencia de lo que ocurrió el 31 de julio, cuando se aprobó correrle traslado a Sarmiento, el rechazo de la denuncia sumó los votos de 4 de los 5 legisladores de la oposición, pudo saber Los Andes.
Entre los votos de los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia no hubo sorpresas. Se repitió la aprobación del presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, y las juezas María Teresa Day y Norma Llatser.
En tanto que rechazaron: el juez coordinador del Fuero Penal, José Valerio, y los tres jueces referenciados en el "ala filoperonista"; Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez.
Había incertidumbre en esta votación tras la reciente elección de autoridades en la Suprema Corte, donde Palermo y Gómez torcieron la balanza a favor de la re-reelección de Garay, siendo electos incluso como vicepresidentes de su mandato. Finalmente mantuvieron su posición respecto al juzgamiento de Sarmiento.
El oficialismo aportó los 9 votos propios: los senadores Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Alejandro Diumenjo; y los diputados Jorge López, Beatriz Martínez, José Tribiño, Mauricio Torres y Érica Pulido (suplente de Daniel Llaver).
Y se les sumó a ellos el diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza), suplente de Jorge Difonso (La Unión Mendocina). La particularidad es que Cairo mantiene ese lugar en el Jury por haber renovado banca como legislador de LUM y a los meses de asumir rompió con el espacio, formando un monobloque que hoy es aliado del oficialismo.
Entonces fueron 10 votos a favor del juicio los que vinieron desde la Legislatura. Mientras que los 3 representantes del PJ, el diputado Germán Gómez y los senadores Mauricio Sat y Helio Perviú, votaron en contra. Al igual que el senador Ariel Pringles (LUM), abogado de extracción peronista y referente sindical.
En la votación anterior el único legislador que votó por el archivo de la denuncia fue el kirchnerista Perviú. Ahora se sumaron los dos peronistas que responden a Emir Félix.
Fuentes justicialistas calificaron como "un mamarracho" el inicio del juicio político contra Sarmiento, después de haber analizado el descargo de 180 fojas del magistrado.
La presentación la realizó el diputado Ambrosini junto a Melisa Pelayes, hija del policía retirado que fue asesinado en 2024 por un sujeto que salió de la cárcel de forma anticipada por decisión del magistrado.
Si bien el caso Pelayes es el más fuerte en el último tiempo por su desenlace trágico, la presentación acumula más fallos polémicos del juez cuestionado como "garantista".
Incluso se incorpora el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares de las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, explicó el diputado Ambrosini cuando presentó la denuncia.
En el pedido se incorporan otros casos resonantes, como el de Héctor Quiroga, también asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.
También se planteó la liberación anticipada otorgada para Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y terminó abusando reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael en el año 2020.
En último orden se agregó un traslado especial que dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de aquel departamento.